Según el documento de la Sala Disciplinaria de Instrucción (IUS E-2026-328675/IUC-D-2026-4370980), fechado este 10 de junio de 2026, la congresista habría incurrido en una falta disciplinaria gravísima, que podría configurar el delito de prevaricato por acción (artículo 413 del Código Penal). La razón: haber expedido un auto de sustanciación provisional (No. 002) en el que ordenaba la suspensión del presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio, sin tener competencia para ello.
La Procuraduría argumenta que Arizabaleta actuó de manera individual y sin los requisitos legales, usurpando funciones que corresponden al trámite completo ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y, eventualmente, al Senado de la República, según el procedimiento constitucional para acusaciones contra el presidente.
La suspensión provisional de la representante se extenderá hasta el 20 de julio de 2026, con el fin de preservar el debido proceso en la investigación disciplinaria contra el primer mandatario y garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión.
Este hecho se produce en plena recta final de la segunda vuelta presidencial (21 de junio), en un contexto de alta tensión política. Arizabaleta, del Pacto Histórico, había rectificado horas después su decisión inicial mediante un segundo documento, aclarando que la suspensión debía ser votada por la Comisión, pero la Procuraduría consideró que la actuación inicial ya configuraba la falta.
La decisión de la Procuraduría es de carácter provisional mientras avanza la investigación disciplinaria. La representante podrá presentar descargos y pruebas en el marco del proceso.
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