El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este martes que, por orden directa suya, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) inició el traslado de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá.
Según el comunicado presidencial, diez de estos individuos estaban “detenidos” en estaciones de Policía y los otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. El Mandatario afirmó que la medida busca poner fin a las “zonas de confort” desde las cuales, según él, algunos reclusos pretenden seguir delinquiendo.
Entre los trasladados se mencionan a Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, de Los Costeños; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.
Los traslados se están ejecutando “bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo de la Fuerza Pública, para prevenir fugas, rescates o atentados. Una vez en Bogotá, los internos serán distribuidos en distintos establecimientos del país durante los siguientes quince días, de acuerdo con las determinaciones de seguridad del INPEC.
En su mensaje, el presidente fue enfático: “La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.
El anuncio se enmarca en la línea de gobierno del mandatario, quien ha insistido en recuperar el control estatal sobre los centros de reclusión y combatir la criminalidad que opera desde el interior de las prisiones.
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