Para otros evocan desigualdad, privilegios y exclusión. Sin embargo, más allá de las posiciones ideológicas, existe una pregunta concreta que merece una respuesta basada en hechos: ¿qué relación existe entre la libertad económica y la reducción de la pobreza?
La respuesta no es simple, pero la evidencia acumulada durante las últimas décadas ofrece algunas conclusiones difíciles de ignorar.
A comienzos de la década de 1990, más de un tercio de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema. Hoy, aunque el problema persiste y afecta a cientos de millones de personas, la proporción es considerablemente menor. Se trata de una de las transformaciones sociales más importantes de la historia moderna.
¿Qué ocurrió?
Las causas son múltiples. Los avances tecnológicos, la globalización, la expansión educativa y las mejoras en salud pública desempeñaron un papel fundamental. Sin embargo, muchos economistas coinciden en que uno de los factores decisivos fue la incorporación de cientos de millones de personas a economías más abiertas, dinámicas y orientadas hacia la iniciativa privada.
Países que durante décadas permanecieron atrapados en el estancamiento comenzaron a crecer cuando permitieron una mayor actividad empresarial, facilitaron el comercio, fortalecieron la protección de la propiedad privada y crearon condiciones más favorables para la inversión.
No significa que el mercado haya resuelto todos los problemas. Tampoco que el crecimiento económico beneficie automáticamente a todos por igual. Pero sí parece existir una relación consistente entre la capacidad de una economía para generar riqueza y la posibilidad de reducir la pobreza de manera sostenible.
Después de todo, ningún gobierno puede redistribuir riqueza que no ha sido creada previamente.
Ese hecho, a veces incómodo para todos los sectores políticos, suele quedar relegado en los debates públicos. Las sociedades necesitan políticas sociales, programas de apoyo y mecanismos para proteger a los más vulnerables. Pero también necesitan empresas que produzcan, trabajadores que generen valor, emprendedores que asuman riesgos e inversionistas dispuestos a apostar por el futuro.
La prosperidad no surge de los decretos. Surge de la actividad económica de millones de personas.
Por supuesto, hablar de libertad económica no implica defender la ausencia total de reglas. Una economía sana requiere instituciones fuertes, competencia efectiva, cumplimiento de contratos y un marco legal que impida abusos y privilegios.
De hecho, uno de los errores más frecuentes en este debate consiste en presentar una falsa elección entre mercado y Estado. Las experiencias más exitosas suelen combinar ambos elementos: mercados dinámicos capaces de generar riqueza y Estados eficaces capaces de garantizar reglas claras y oportunidades para todos.
La diferencia aparece cuando la intervención estatal comienza a dificultar la creación de riqueza en lugar de facilitarla.
Cuando abrir un negocio se convierte en una carrera de obstáculos burocráticos. Cuando las regulaciones cambian constantemente. Cuando la inseguridad jurídica desincentiva la inversión. Cuando el éxito empresarial es visto con sospecha en lugar de como una fuente potencial de empleo y crecimiento.
En esos escenarios, los primeros perjudicados suelen ser precisamente quienes tienen menos recursos.
Las personas con grandes patrimonios pueden trasladar inversiones, buscar nuevos mercados o diversificar riesgos. Los sectores más pobres, en cambio, dependen en gran medida de la existencia de empleos, oportunidades de emprendimiento y crecimiento económico local.
Por eso resulta llamativo que muchos de los países que hoy exhiben mejores indicadores sociales sean también economías donde existe una amplia libertad para emprender, invertir y competir. No porque hayan abandonado la acción del Estado, sino porque entendieron que la generación de riqueza y la protección social no son objetivos incompatibles.
Son procesos complementarios
A veces el debate político presenta la riqueza y la justicia social como fuerzas opuestas. Como si una sociedad tuviera que elegir entre crecimiento económico o bienestar colectivo. Sin embargo, la experiencia internacional sugiere que las sociedades más exitosas son aquellas que logran producir más riqueza mientras crean mecanismos para ampliar las oportunidades y proteger a quienes enfrentan mayores dificultades.
Al final, la pregunta no es si una economía debe servir a las personas. Por supuesto que debe hacerlo.
La verdadera pregunta es qué modelo ofrece mejores posibilidades para que millones de ciudadanos puedan construir un proyecto de vida propio, acceder a oportunidades reales y superar la pobreza de manera permanente.
La evidencia acumulada durante décadas parece apuntar en una dirección clara: las sociedades que protegen la libertad económica, fortalecen sus instituciones y fomentan la creación de riqueza suelen generar más oportunidades para sus ciudadanos que aquellas donde el control estatal termina reemplazando la iniciativa individual.
Y para quien nace en condiciones de pobreza, las oportunidades suelen ser mucho más valiosas que las promesas.
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