Una denuncia penal por las circunstancias que rodearon la muerte de la ciudadana Rubiela Chivará, en el norte de la capital de la República, prepara la Defensoría del Pueblo, para que se investigue a la EPS Cruz Blanca y a la Clínica Juan N. Corpas por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de esta persona, así como a las autoridades encargadas de realizar las diligencias de levantamiento y asistencia a la familia, una vez se confirmó el deceso de la señora.
Situaciones como la presunta negligencia de la entidad prestadora de salud para garantizar el derecho a la vida de la paciente, quien según sus familiares gestionaba una cirugía de corazón desde el 15 de mayo de 2015, al igual que la posible falta de coordinación de los organismos de seguridad, socorro y legistas en Bogotá, motivaron la acción del organismo humanitario.
De comprobarse que la doble postergación del procedimiento quirúrgico (previsto, según los allegados, para el 6 de enero pasado) puso en peligro la integridad de la paciente, considera la Defensoría que podría configurarse un homicidio culposo por parte de la EPS y la IPS a cargo de la afiliada. En este sentido, el ente rector de los derechos humanos en Colombia solicitó también el concurso de la Secretaría Distrital de Salud, pero simultáneamente de la Superintendencia del ramo, en el entendido de que si las fallas que se presentaron durante y después de la muerte de la señora Rubiela Chivará comprometen a las autoridades de la ciudad, la competencia del nivel nacional es perfectamente válida.
La Defensoría del Pueblo pidió igualmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación, a fin de revisar los procedimientos y protocolos de reacción frente a hechos de esta naturaleza, y en el caso particular de esta nueva víctima, establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias por las presuntas irregularidades en la aplicación de los mismos, desde el momento en que ingresó la llamada de emergencia hasta que finalmente se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.
Para la Defensoría no son suficientes las excusas frente a una situación tan lamentable, en la que se reflejan múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues episodios como la muerte del señor José Ángel Chíquiza en octubre de 2012 cuando hacía fila para que lo atendieran en la EPS a la cual había sido trasladado luego de la liquidación de Salud Cóndor, fueron señalados por la Institución como un punto de partida para que se tomaran las medidas correspondientes a fin de evitar nuevas tragedias de esta naturaleza, sin que ello tenga consecuencias en la práctica.
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