El general, en retiro, Mauricio Santoyo al declararse culpable de auxiliar a las Autodefensas Unidas de Colombia tendió un manto de duda sobre el Gobierno de Álvaro Uribe.
El corrupto oficial, otra de las vergüenzas boyacenses, aseguró ante una corte de Virginia (Estados Unidos) que no traficó cocaína, pero que sí auxilió a los grupos paramilitares.
Mientras en Estados Unidos el proceso contra Santoyo ha fluido y en apenas un mes ya hay resultados, en nuestro país el oficial sigue siendo inocente. Aunque fue destituido por la Procuraduría, que lo encontró culpable de ordenar interceptaciones ilegales cuando era director del Gaula en Antioquia, la destitución tiene efecto suspendido por la lenta acción del Consejo de Estado, donde Santoyo apeló, que aún no define nada en este caso.
Si bien es cierto que las responsabilidades son individuales, es indudable el daño que se hace a la credibilidad del Gobierno Uribe, del cual Santoyo fue jefe de seguridad. En el periodo anterior el boyacense consiguió su ascenso a general.
El ex Presidente Uribe se ha pronunciado sobre el caso Santoyo asegurando, vía Twitter, que la confesión del Policía (retirado) “ofende a nuestro Gobierno, el primero y único en desmontar paramilitares, debilitar eficazmente a la guerrilla y extraditarlos”.
Uribe sin embargo, no explica cómo un oficial tan cercano a los criminales de las AUC llegó a convertirse en general y más aún en jefe de seguridad de la Presidencia. El ex Mandatario no puede asegurar, como hizo el electo por el narcotráfico, que todo sucedió a sus espaldas.
Pero no sólo debe responder el Gobierno Uribe por el ascenso a general del entonces coronel Santoyo. Su ascenso, a pesar de que en 2007 ya existían denuncias contra el oficial, fue aprobado por los congresistas Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Jairo Clopatofsky Ghisays, Manuel Enriquez Rosero, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Luis Humberto Gómez Gallo, Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Adriana Gutiérrez Jaramillo y Marta Lucía Ramírez de Rincón.
Este manto de dudas, lanzado desde un tribunal en Estados Unidos, debe ser aclarado por el bien de la estabilidad democrática del país. Lo contrario sería darle argumentos a los enemigos de la institucionalidad para hacerle daño a nuestra democracia.
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