El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, formuló pliego de cargos contra el Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto.
Los cargos se relaciones con posibles irregularidades en la suscripción de un convenio para evadir los procesos de selección de los contratistas que desarrollarían las obras públicas, mediante licitación pública, cuando era alcalde de Santander de Quilichao (Cauca).
Se trata de un convenio marco suscrito con la Secretaría Técnica del Convenio Andrés Bello (SECAB) para la “cooperación y asistencia técnica para coadyuvar a la gestión de programas y proyectos viables tanto del Plan de Desarrollo o Plan de inversiones como otros que propendan por el fortalecimiento institucional de la alcaldía de Santander de Quilichao”.
En el marco de este convenio, la SECAB habría suscrito ocho contratos para adelantar el plan de renovación urbana del municipio por un valor superior a los 3.804 millones de pesos, que habrían sido asumidos por la alcaldía municipal y manejados por la SECAB.
Con esta conducta el ex alcalde habría vulnerado lo establecido en la ley, pues para que las entidades estatales puedan aplicar los reglamentos de un organismo internacional el proyecto debe ser financiado por dicho organismo.
De acuerdo con la investigación adelantada, el señor Bonilla Soto habría suscrito este convenio, al parecer con la intención de evadir el procedimiento de licitación pública para seleccionar los contratistas que adelantarían las obras mencionadas.
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