En el marco de la conmemoración de los 180 años de constitución de la Procuraduría General de la Nación , el jefe de este Órgano de Control concedió una rueda de prensa en la ciudad de Tunja (Boyacá) en la que se pronunció sobre diferentes temas de interés para ese departamento.
El Procurador Ordóñez aninció las siguientes decisiones:
Investigación disciplinaria contra ex gobernador de Boyacá
Al referirse al proceso disciplinario adelantado contra el ex gobernador de Boyacá, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, el jefe del Ministerio Público señaló que ya se profirió el fallo de primera instancia y en la actualidad se encuentra en su despacho para producirse la segunda instancia.
Precisó además que la investigación seguida contra el ex Gobernador de Boyacá no puede compararse con la adelantada contra el Gobernador del Valle, pues en este último caso se surtió mediante proceso verbal abreviado, que se caracteriza por su celeridad, pues los términos son muy acuciosos y las decisiones se producen en menor tiempo a diferencia de los procesos ordinarios.
El Procurador General manifestó que en la Entidad no existen cronogramas para fallar los procesos, y las determinaciones disciplinarias se adoptan cuando los tiempos de la investigación lo señalen. En este caso concretó se pronunciará antes de finalizar el año.
“La sociedad civil boyacense puede tener la absoluta certeza de que las decisiones se tomarán con fundamento en las realidades probatorias procesales y si hay que confirmar la decisión se confirmará y si hay que revocarla se revocará”, puntualizó el Doctor Ordóñez Maldonado.
Pliego de cargos contra Concejales de Tunja
El Procurador General anunció que la investigación adelantada contra los concejales de la ciudad de Tunja por posibles irregularidades en la elección del personero municipal en el año 2008, se encuentra en etapa de descargos.
La Procuraduría Regional de Boyacá negó la práctica de algunas pruebas ante lo cual algunos de los investigados impugnaron esa decisión que está resolviéndose en segunda instancia en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.
La decisión disciplinaria correspondiente se proferirá antes de terminar el año, de acuerdo con los términos del proceso disciplinario.
Indicó además que la investigación avanza dentro los términos que señala la ley, atendiendo el debido proceso, el derecho a la contradicción de las pruebas y el derecho a la defensa y precisó que los tiempos de los medios de comunicación no son los tiempos de la institucionalidad.
El jefe del Ministerio Público advirtió que si hay una instrumentalización política de la función de la Procuraduría , ejercerá su competencia y activará los instrumentos que permiten blindar esas decisiones disciplinarias de influencias políticas o de cualquier otro orden.
Agregó que “los órganos de control no pueden ser instrumentos ni para generar impunidad ni tampoco para ejercer su función de una manera extorsiva” e invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones ante el Procurador General de la Nación.
Investigación disciplinaria contra Concejal Sutamarchán
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el concejal del municipio de Sutamarchán (Boyacá), Héctor Julio Castellanos Castellanos porque al parecer ejerció el cargo estando inhabilitado para ello.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, el funcionario estaría inhabilitado para desempeñarse como concejal porque se habría proferido en su contra una sentencia judicial por porte ilegal de armas.
Celeridad en las decisiones disciplinarias
Frente a la prontitud con que se debe proferir y ejercer las sanciones disciplinarias, el jefe del Órgano de Control señaló que, con ocasión de una sentencia de la Corte Constitucional que permite utilizar el proceso verbal en determinadas investigaciones, se han facilitado los instrumentos legales para cumplir las funciones con celeridad.
La Procuraduría ha adelantado procesos verbales para dar respuestas a la ciudadanía de manera oportuna, reconstituir y restaurar la credibilidad en el Estado sancionador y dar mensajes de alerta a los corruptos
Tras un año de empoderamiento, el Procurador avanza en un año de decisiones y procurará que éstas sean proferidas en tiempos reales, es decir que se impongan durante la época en la que los sancionados ostentan la investidura.
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