En la inauguración del XVI Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Fiscal General aseguró que el caso de los jóvenes desaparecidos en Soacha (Cundinamarca) no es el único del cual tiene conocimiento la Fiscalía, y subrayó las investigaciones que se han realizado sobre homicidios en persona protegida.
"El caso de Soacha horroriza, pero no sorprende (…) Por suerte esta Fiscalía fortaleció, desde hace dos años, la Unidad Nacional de DD.HH y DIH, en el tema de sindicalistas, y desde hace un año el tema de ejecuciones extrajudiciales", resaltó Iguarán Arana, quien señaló que hay 690 investigaciones en dicha unidad, 90 más en las seccionales y 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.
De igual manera reveló que en el caso de los desaparecidos de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña (Norte de Santander) el CTI encontró, desde un principio, evidencias de posibles homicidios en persona protegida.
"El informe (del CTI) genera suspicacias y conlleva a la hipótesis de una ejecución extrajudicial. No vacila el informe en decir que debajo del camuflado las víctimas tenían ropa deportiva, en una zona de calor, y aún así no lo fuere, los combatientes, regulares o irregulares, no usan ropa de civil debajo del uniforme", subrayó el fiscal, quien también llamó la atención sobre el hallazgo de cadáveres sin medias y las botas limpias en un terreno fangoso.
CPI y Falsos Positivos
En su intervención, Iguarán Arana indicó que "en el supuesto de que hubiese responsabilidad penal de los generales, que se llamaron a calificar servicios, en el caso de Soacha o en cualquier caso similar, con este proceder el Gobierno ha pretendido salvar su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional de acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma"
Sin embargo advirtió que "si llegamos a comprobar que esta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad y de ahí la competencia de la CPI".
Frente al mismo caso de Soacha, el Fiscal General insinuó que por el afán de lograr positivos y el ansia de lograr recompensas se están ocasionando graves y oscuros sucesos", por lo cual instó que se revisen algunas políticas en ese sentido.
"Le diría al Gobierno, por ejemplo, que revisara la directiva ministerial 029 de 2006 sobre el tema de las recompensas, porque allí puede estar diciéndose que hay recompensas de 3 millones 600 mil pesos, aproximadamente, cuando se trata de bajas" e indicó que en este sentido "puede haber una interpretación desafortunada y, en últimas, que lleva a lo delincuencial por algunos destinatarios de esta directiva ministerial".
Justicia y Paz
El Fiscal General también se refirió a la posibilidad de otorgar protección especial a los familiares de los desmovilizados y/o postulados a la Ley de Justicia y Paz.
"La Fiscalía va a liderar un llamado a todas las instituciones, a costa de toda la censura, para que les demos amparo y protección", expresó Iguarán Arana, quien admitió que "estamos denotando" una falta de interés para que se sepa la verdad.
Caso alias 'Isaza'
Por último Iguarán Arana se refirió al caso del ex guerrillero Wilson Bueno Largo, alias 'Isaza' o 'Isaias', y dijo que "no hay posibilidad que esta Fiscalía acepte, ni siquiera en este caso , que el secuestro no es una violación del DIH. Por eso es descartado el principio de oportunidad".
No obstante, señaló, "nos queda la alternativa de los beneficios por colaboración, y dentro de los beneficios no solo esta el suspender la condena, el disminuir la pena, también la detención domiciliaria, que incluso, se puede hacer efectiva en otro país".
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