La decisión tomada esta semana por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, de dar fin a la intermediación del mandatario venezolano, Hugo Chávez, en su labor en pos de lograr la libertad de los secuestrados en manos de la Farc, es sin duda una nueva carga emocional que aumenta el dolor de los secuestrados y sus familias.
Ellos tienen dos victimarios; uno es las Farc, delincuentes que secuestran y asesinan a los civiles; el grupo más odiado y repudiado por los colombianos. Y dos: el gobierno indolente de Uribe que se niega sistemáticamente al acuerdo humanitario.
Uribe tiene razón al afirmar que "Las Farc quieren protagonismo político, pero no liberar a los secuestrados", pero al cerrar cualquier proceso para la búsqueda de la libertad, el gobierno de Colombia se convierte en victimario al no querer arriesgar su política en pos de la libertad de quienes llevan hasta diez años retenidos en las selvas colombianas.
Uribe es claro "lo que no vamos a hacer es poner a riesgo la seguridad democrática. Eso tiene que quedar muy claro ante el mundo".
Este intento de acabar con el protagonismo de las Farc, violenta y destruye las ilusiones de quienes tienen un familiar o amigo secuestrado. Mientras que es visto con buenos ojos por aquellos indiferentes que no han sufrido de cerca el flagelo del secuestro. Intento vano, si se tiene en cuenta que los delincuentes de las Farc han tenido protagonismo por más de cuatro décadas y lo seguirán teniendo aún después de Uribe.
De ahí la importancia de buscar la liberación. Ese debe ser un propósito de Estado.
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