La reforma contempla la apertura del desarrollo inmobiliario privado, la transformación de corporaciones estatales en empresas comerciales privadas, la entrada de la banca privada internacional y la venta de propiedades del Estado tanto a entidades nacionales como extranjeras, incluyendo a los cubanos residentes en el exterior.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, justificó la urgencia de estas medidas como una vía indispensable para hacer frente a la severa crisis que atraviesa la isla, advirtiendo que retrasar estos cambios podría desencadenar consecuencias políticas y sociales de carácter irreversible.
Pese a la magnitud de la reestructuración, Marrero enfatizó que estas reformas no constituyen un abandono del proyecto socialista, sino una evolución lógica del mismo. Esta reforma representa el giro económico más radical en la isla caribeña desde el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959.
Las medidas cuentan con el respaldo explícito del Partido Comunista y del expresidente Raúl Castro, quien instó a los legisladores mediante una carta escrita a acelerar su implementación.
Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel aclaró que la decisión no está vinculada a negociaciones diplomáticas con Estados Unidos —país que mantiene un bloqueo petrolero contra la isla— y llamó a mantener la convicción en el modelo socialista a pesar de las presiones externas.
Reporte original de Reuters: Cuban lawmakers approve sweeping reforms to socialist model
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