Era un programa manejado por el ICBF, que se basaba en unos principios válidos: La obligación de suministrarle ese servicio a los niños era compartida entre el estado y la familia.
El estado aportaba dinero, y la familia apoyaba organizando el suministro de los alimentos a los niños. Los padres de familia, o los acudientes de los niños, se organizaban y nombraban una junta encargada de representarlos, retiraban los recursos, rendían cuentas, hacían las compras, organizaban la preparación y entrega de los alimentos a los estudiantes.
Los profesores apoyaban el programa ayudando con el control, organización del estudiantado para recibir la merienda, vigilando que los niños hicieran buen uso de los alimentos. El ICBF se encargaba de distribuir el dinero por número de usuarios, elaboración de minutas, capacitación a las personas que preparaban los alimentos, visitas a los distintos centros de atención para verificar el cumplimiento de las normas fijadas por las autoridades, recepción de cuentas de las juntas de cada centro, realización de encuentros de juntas directivas por provincias para unificar criterios de organización del programa.
Por supuesto, el programa no era perfecto. Se presentaron fallas, que en su mayoría fueron corregidas, como cuando los alcaldes hacían las compras, y ningún dinero alcanzaba. O cuando les dio por contratar personal del servicio.
Pero eso se corrigió cuando los dineros pasaron al ICBF para que este los entregara a las juntas de restaurante. También cuando se aclaró que el personal de servicio era designado por la junta, pues eran personas que reemplazaban a los padres de familia que no podían ir la semana que les correspondía preparar los alimentos. Esos padres tenían la obligación de prestar ese servicio por turnos, pero si no podían hacerlo, pagaban para que alguien los reemplazara. Entonces, la obligación de los padres era apersonarse en su semana de la atención y preparación de los alimentos para todos los niños, o pagar a alguien para que le reemplazaran en esa obligación. Y hacer un pequeño aporte para algunos gastos propios del servicio, como compra de fósforos, algunos condimentos, pago de energía, agua, reposición de equipos y menaje, etc. Ese aporte, en efectivo, a veces se pagaba en especie como alimentos para mejorar la dieta, combustibles y otros.
La satisfacción por el programa se tenía cuando veíamos salir a los niños del comedor después del refrigerio que se dio en un comienzo, o del almuerzo más adelante. Pero vinieron los interesados en montar su “negocio”. Buscaron fallas que, obviamente las hubo en algunos planteles educativos, las mostraron exagerándolas, les añadieron argumentos como la violación de derechos fundamentales, y todos argumentos que conocemos cuando queremos destruir algo.
Así se llegó al estado actual: El manejo del programa por cuenta de contratistas que no van por al amor a los niños, que no son sus hijos, sino por el amor al dinero en la mayoría de los casos, porque siempre habrá excepciones. Es apenas lógico que cualquier recurso que se aplique al programa, y al que hay que deducirle todos los gastos de operación, pago de personal, y utilidades para el contratista, lo que finalmente queda para alimentar a los niños será mínimo, como hemos visto y evidenciado con testimonios.
Y si el contratista pertenece a una mafia, y si detrás están grupos organizados quizá con fines políticos, el mal es más grave. Aparecerán culpables, pero la justicia nunca llegará a tocar a los verdaderos responsables de este nuevo fracaso de las políticas dirigidas a beneficiar a los más necesitados. Y como el programa se redujo a una papa caliente, ahora lo están devolviendo para ver quien la recibe.
Y mientras tanto, los niños aguantan hambre, y el programa no es más que una bonita intención.
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