El director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, José Ricardo López Dulcey, aseguró que con la reciente sentencia de la Corte Constitucional frente al artículo 73 de la Ley 1753, quedan sin piso jurídico en este organismo, 104 títulos mineros y licencias ambientales aprobadas hasta antes del 9 de febrero de 2010.
El fallo de la mencionada Corte, queda prohibida toda la actividad minera en los páramos, sea cual sea la fecha en la que hubieran obtenido el título y la licencia ambiental y se espera con este concepto acabar los conflictos que se presentan con el minero y las comunidades por la legalidad de la actividad minera.
El director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá aseguró, que en el Departamento se tienen siete complejos de páramo, de los cuales seis se están delimitando, siendo los páramos de Pisba y Rabanal los más afectados por la actividad minera, y en la actualidad funcionarios de la entidad realizan la delimitación de los complejos, proceso hay que agilizarlo para poder aplicar el pronunciamiento de la Corte.
López Dulcey aseguró que este es un claro mensaje y un paso para que los organismos ambientales, asuman de forma responsable y prioritaria la defensa de los páramos, especialmente para la conservación como fuente de biodiversidad y principalmente por los nacimientos de agua.
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