En la diligencia se pretendía que las partes se pusieran de acuerdo sobre el pago diferido de unos reajustes legales a sus ingresos (ley 6ª de 1992) y el pago anticipado diferido del reajuste a pensionados, en el marco de procesos ordinarios. Estos casos llegan a los 8.000 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, el exalcalde (e) pudo haber incurrido en el delito de prevaricato al no observar los lineamientos normativos constitucionales a la hora de suscribir el acuerdo.
Asimismo, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra Álvaro Iván Araque Chiquillo, en calidad de apoderado de los pensionados del municipio de Cúcuta, que solicitaron el reajuste pensional estipulado en la Ley 6 de 1992.
Ambos acusados se encuentran en libertad y a la espera de que se inicie el juicio en su contra.
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