La medida fue adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos atendiendo la demanda interpuesta por un grupo de ambientalistas.
Le denuncia reclama la protección al derecho a la salud en el provincia de Sugamuxi, donde los altos índices de contaminación están causando serios problemas médicos a la población.
Ante esta decisión la CIDH el gobierno colombiano deberá tomar medidas que protejan a la población de los riesgos a la salud que conlleva la actividad industrial y minera en la zona.
El ambientalista Daniel Lozano, en declaraciones a Caracol Radio, aseguró que "si Colombia no acata esta solicitud, entonces, se podría empezar un proceso, el cual podría generar que se sancionara al Estado y tendrían que indemnizar a las familias que han sufrido la afectación.”
La denuncia había sido interpuesta en septiembre de 2014.
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