El retorno de Gustavo Petro a la alcaldía por la vía de tutela, de un tutelante ‘fantasma’; la suspensión de una consulta popular para proteger los intereses de Ecopetrol; el cambio permanente de fiscal en el caso Colmenares; son sólo algunas muestras de las cosas raras que pasan y que parecen demostrar el complicado hilo que une a los administradores de justicia con intereses particulares.
En el caso de Monterey, Casanare, el pueblo busca proteger sus recursos hídricos evitando por la consulta popular que su subsuelo sea destruido y con ello las fuentes de agua.
Causa real tristeza, que viendo el deterioro ambiental y la mortandad de especies por causa de la falta de agua en ese departamento, la justicia privilegie un supuesto derecho que se le habría negado a Ecopetrol al debido proceso, sobre el interés de los habitantes a decidor si quieren o no la explotación de hidrocarburos a fin de conservar intactas sus fuentes hídricas.
Este caso puede ser un precedente peligroso y comunidades de Boyacá que buscan lo mismo en sus regiones pueden estar asistiendo a la ‘construcción’ de una jurisprudencia que privilegie a la Empresa estatal sobre el derecho de los pueblos.
Por ahora queda suspendida la consulta y veremos en qué termina este nuevo y vergonzoso espectáculo de la justicia colombiana, presa de los intereses de algunos pocos.
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