Bienes con un valor cercano a los 15 mil millones de pesos, que estaban en manos de testaferros de las Farc, fueron objeto de extinción de dominio por parte de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.
En una operación realizada por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con una comisión de la Extinción de Dominio y Contra el lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y funcionarios del Departamento Nacional de Estupefacientes, en área general de los municipios de San Vicente del Caguán, Caquetá y La Macarena, Meta, se logró la afectación de bienes presuntamente administrados por los bloques oriental y sur de las Farc, cuyos cabecillas son Mauricio alias “El Médico” y “Fabián Ramírez”, respectivamente.
La operación permitió la ocupación de los predios con fines de Extinción de Derecho de Dominio de 17 predios rurales con un área aproximada de 4.795 hectáreas y un valor aproximado de $ 14.382.000 millones de pesos, que de acuerdo a las informaciones de inteligencia venían siendo utilizados para actividades de apoyo logístico y como corredores de movilidad de las estructuras de las Farc que delinquen en el sur-oriente del país.
Estos terrenos tenían como fin entre otros, concentrar las finanzas de las Farc representadas en ganadería, explotación agrícola y cultivos ilícitos, además de buscar el repoblamiento a través de minorías étnicas, hechos que les permitirían continuar adelantando control territorial en esta región del país.
Las constantes operaciones militares, adelantadas en los departamentos de Caquetá y Meta, permitieron el hallazgo de documentos que soportan las proyecciones de las Farc frente al control y administración de bienes, ejemplo de ello: “PLAN YARI” y “PROYECTO BENITEZ”, documentos que contienen directrices de carácter económico y financiero en la búsqueda de obtener recursos a través de la explotación ganadera y agrícola en las zonas de presencia delictiva de estos terroristas y que sirvieron de fundamento para iniciar el proceso de Extinción de Dominio.
En esta operación conjunta e interagencial, que tuvo una duración de cuatro días, participaron más de 500 hombres de las Fuerzas Militares, una comisión de 30 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se emplearon cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y Aviación del Ejército Nacional.
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