A cuarenta años de cárcel fue condenado el oficial retirado de la Policía Héctor Edisson Castro Corredor por el homicidio de seis personas, en la Masacre de Mondoñedo.
La decisión tomada por el Juzgado Séptimo Penal Especializado del circuito de Bogotá también lo inhabilita por un lapso de diez años para el ejercicio de derechos y funciones públicas pues fue hallado penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con secuestro agravado.
El juez ordenó la captura de Castro Corredor por considerar que debe cumplir su pena en un centro carcelario y le impuso una multa de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y a pagar solidariamente 800 smmlv a cada uno de los familiares de Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, cuatro de las víctimas).
Los crímenes ocurrieron en septiembre de 1996 en la hacienda Fute, ubicada sobre la vía que de Mosquera comunica con Soacha y La Mesa, todos municipios de Cundinamarca, en el sitio conocido como Alto de Mondoñedo. Allí fueron hallados el 7 de septiembre, al suroccidente de Bogotá, los cadáveres de Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, quienes habían sido muertos y posteriormente incinerados con llantas para no ser reconocidos.
Asimismo, fueron muertos Federico Quesada en el barrio Argelia, de la localidad de Kennedy, por hombres que se movilizaban en un automóvil azul y una motocicleta, y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, baleado por desde una camioneta roja de doble cabina en Fontibón. Todos ellos estaban vinculados a la red urbana del frente Antonio Nariño, de las Farc.
Según infromó la Fiscalía, durante el juicio se supo que las víctimas salieron de sus lugares de residencia para asistir a una reunión en la zona de El Salitre, en el occidente de Bogotá, en la que analizarían lo relacionado con su seguridad personal, pues temían que estuviesen siendo seguidos por miembros de los aparatos de seguridad del Estado y presumían que alguien atentaría contra sus vidas.
El fiscal del caso presentó argumentos y pruebas que indicaron que para esa época el oficial tenía bajo su responsabilidad el grupo dedicado a la búsqueda de subversivos en la Dijin y era él quien desde 1995 tenía conocimiento sobre la investigación adelantada por el atentado a la Estación de Kennedy, que incluyó la identificación e individualización de los insurgentes de la red urbana del grupo narcorterrorista de las Farc.
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