El Consejo de Seguridad estuvo presidido por el Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, quien evaluó las circunstancias del atentado.
La administración departamental y los integrantes del Consejo de Seguridad acordaron la restricción al porte de armas en los municipios de la provincia de Occidente y en Puerto Boyacá.
También se acordó el incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional y el Ejército en la zona; así como reuniones con los alcaldes de la región para evaluar, de manera particular, la situación en cada localidad.

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