Para la Procuraduría, Fernando Flórez, pudo haber omitido la función esencial con respecto a los programas de alimentación escolar, al no suscribir los convenios que permitieran la prestación del servicio a tiempo.
En el fallo de primera instancia, que fue apelado por la defensa del mandatario, la Procuraduría le dictó suspensión de 10 meses a Flórez Espinoza, pues consideró que el funcionario incurrió en una falla en la celebración de este convenio.
Al burgomaestre se le cuestiona el haber retardado la firma de los convenios interadministrativos de cooperación nros. 1241 y 1587, suscritos en el 2012 con el objeto de brindar complementación alimentaria durante la jornada escolar a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales del área rural y urbana del municipio de Tunja.
El órgano de control evidenció, además, que el alcalde dilató la suscripción de las respectivas actas de inicio, dejando para más tarde lo que pudo haber hecho oportunamente. Con este comportamiento injustificado el mandatario podría haber vulnerado los principios de coordinación y colaboración que debía observar con el departamento y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Al omitir su deber de privilegiar el interés general y los derechos fundamentales de una población que goza de especial protección como son los niños, niñas y jóvenes escolares, el señor Flórez Espinosa, afectó el buen funcionamiento de la administración municipal de Tunja, por tanto, el Ministerio Público calificó su falta como grave cometida a título de culpa gravísima.
Durante la diligencia el apoderado del actual mandatario interpuso el recurso de apelación que fue concedido por la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública en efecto suspensivo ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
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