Alejandro Ordóñez: proceso de elección del procurador está referido y regulado por la Constitución

Alejandro Ordóñez: proceso de elección del procurador está referido y regulado por la Constitución

Insistiendo en que todos los servidores públicos deben “estar sujetos a los controles legales, judiciales, pero también a los sociales”, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, valoró las críticas realizadas al proceso de selección de terna y elección de jefe del Ministerio Público.

“Los controles sociales enriquecen y fortalecen la institucionalidad y la Democracia, pero el proceso de elección del procurador está referido y regulado por la Constitución Nacional y establece cuáles son los órganos encargados de enviar los nombres para integrar la terna al Senado y escoger. Hay unos tiempos, la Ley no exige que se envíen los ternados el mismo día”, explicó.

El procurador general dejó en claro que no es la primera vez que no existe coincidencia entre los tiempos de selección de los ternados, aclarando que ello no significa impedimento legal o constitucional.

“Hace cuatro años yo fui elegido procurador y estuve tres meses solo en la terna. Hace ocho años el doctor Edgardo Maya fue elegido procurador y estuvo tres o cuatro meses solo en la terna. Eso no es una razón legal o constitucional para solicitar que se varíe el escenario de elección del señor procurador. Es muy respetable, pero jurídicamente carece de fundamento”.

Frente a posibles inhabilidades de integrantes del Senado de la República al momento de votar entre los ternados al cargo de procurador general de la Nación, el actual jefe del Ministerio Público dijo que comparte la necesidad de revisar el proceso. 

“Es una crítica, pero no puede ser una crítica al procurador sino al sistema. El sistema así lo establece. Yo pedí, una vez elegido hace cuatro años, que se cambiara el sistema, pero yo no lo cambio, lo cambia el Congreso y no lo quisieron cambiar. ¿Entonces la solución es no elegir procurador? Es el mismo Senado de la República que conocidos los impedimentos debe proceder a resolverlos. En eso no interviene el procurador”.

Preguntado sobre las denuncias por posibles irregularidades en el nombramiento de funcionarios al interior de la Procuraduría General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez nuevamente manifestó tener certeza de la legalidad y la transparencia en esa materia, pero insistió en que las quejas deben ser atendidas para garantizar así los derechos ciudadanos.   

“Todas las denuncias deben investigarse, no solo en las que se señalan algunas conductas en las que el procurador pudiera estar incurso. Están bien esas denuncias, que se investiguen, los órganos competentes deben investigar y establecer si son ciertas o no esas acusaciones. Yo desde luego tengo la certeza que no es cierto, pero debe investigarse”.

Notificación sobre fallo de la Corte Constitucional

Ante la polémica generada por el fallo de la Corte Constitucional que ordena al procurador general de la Nación rectificar información en materia sexual y reproductiva, el jefe del Ministerio Público reveló que todavía no ha sido notificado de la providencia y por ende y en respeto del marco legal, evita pronunciarse. 

“No he leído el documento de la Corte, a mí no me han notificado y el procurador también es ciudadano. Tiene unos derechos y unas garantías procesales y la Ley no establece que a los ciudadanos se nos notifique ni por los medios de comunicación ni por las páginas web, por muy importantes que sean”, dijo.

En los mismos términos abordó las renuncias presentadas por dos procuradoras delegadas vinculadas a esta temática, de quienes resaltó su “altísima competencia ética, moral, jurídica y personal”.

“Como no conozco la causa de esas renuncias, no las he estudiado, tampoco puedo decidir. Por tarde, el día martes estaré dando respuesta a las cartas de las dos procuradoras”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas el pasado sábado, en desarrollo de la visita institucional del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a la ciudad de Villavicencio (Meta), en donde se desarrolló la mesa departamental de cumplimiento de normas anticorrupción.

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