El próximo 30 enero de 2012 la Contraloría General de la República adelantará audiencia verbal donde imputará cargos dentro del proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial de $198 mil millones de pesos por las obras de la calle 26 en Bogotá.
La Contraloría abrió juicio de responsabilidad fiscal contra los ex alcaldes Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno, la ex directora del IDU, Liliana Pardo y 13 funcionarios más de esa entidad; lo mismo que a los empresarios del llamado Grupo Nule, Miguel y Manuel Nule Velilla y Guido Nule Mariño.
Todos responderán solidariamente por presunto detrimento patrimonial por las exclusiones de obra con la cesión de Unión Temporal TRANSVIAL, al grupo empresarial VIAS BOGOTÁ (CONALVÍAS) del contrato de las obras de la calle 26.
Según la auditoría de la Contraloría, no solo se incrementó el valor de la obra en $198.779.455.014.88 sino que además se excluyeron obras por realizar de la programación inicial. Es decir que con la cesión no solo se habría pagado más valor por la obra sino además por menos obra.
El daño patrimonial se predica también respecto de la adición de recursos ocasionados por la cesión de los contratos, los denominados factores de contingencia, mayores irregularmente destinados por valor de $69.476.013.687.
Caso Luis Eduardo Garzón
Tres días antes de culminar su mandato adjudicó los contratos correspondientes a la fase III de Transmilenio, en especial el contrato IDU-137 de 2007, de los tramos 3 y 4 de la calle 26, por un valor inicial de $315.580.224.330.00. Esto sin contar aún con la totalidad de los diseños contratados para poder realizar la obra y sin un panorama financiero cierto que le diera cobertura a la obra, lo cual obligó a contratar nuevamente diseños al contratista de la obra.
Caso Samuel Moreno
Según la auditoría de la Contraloría, el ex alcalde no ejerció vigilancia a las obras, no tomó las medidas para evitar el daño al patrimonio, no impuso multas al contratista ni inició oportunamente la caducidad del contrato frente a sus reiterados incumplimientos. Mediante firmas de otrosí habría modificado las condiciones del contrato, contratando nuevamente estudios y diseños y autorizando la cesión del contrato que significaría un detrimento mayor para los recursos públicos.
En igual sentido se le imputan cargos a Liliana Pardo, Néstor Eugenio Martínez, Inocencio Meléndez y 13 funcionarios más del IDU, además de los contratistas e interventores del denominado Grupo Nule, Miguel y Manuel Nule Velilla y Guido Nule Mariño.
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