El Estado colombiano debe trabajar en políticas integrales de gerencia jurídica pública y de optimización de la defensa judicial relacionadas con el diseño de estrategias de prevención del daño antijurídico, dijo hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante la instalación del VIII Congreso Internacional de Gerencia Jurídica Pública.
Mencionó que para la Procuraduría General de la Nación resulta preocupante el panorama de la litigiosidad que cursa en contra de las entidades y organismos de derecho público por el hondo impacto que causa en la hacienda pública y calificó de escalofriantes las cifras que debe asumir el Estado como consecuencia de los procesos fallados en su contra.
Reveló que de acuerdo con la Contaduría General de la Nación durante el año 2010 el Estado desembolsó 1,1 billones de pesos por laudos, conciliaciones y sentencias condenatorias y refirió que según información suministrada por la Corporación Excelencia en la Justicia las pretensiones de los 230 mil procesos que cursan en contra de entidades de derecho publico oscilan entre 63 y 129 billones de pesos, durante los últimos cuatro años.
El Jefe del Ministerio Público precisó que en los últimos cuatro años el pasivo contingente ha promediado los 103 billones de pesos, es decir la tercera parte de los activos del Estado, y se preguntó por el número de colegios, hospitales y acueductos que se hubieran podido construir si su hubiera tenido mayor precaución en el manejo de la cosa pública.
Frente a ese panorama, dijo que a la Procuraduría le preocupa que un importante número de entidades estatales “haga caso omiso al deber de implementar acciones y políticas para prevenir el daño antijurídico, en el sentido de evitar que las acciones que generan demandas por concepto de indemnización de perjuicios contra el Estado se sigan presentando.”
De igual forma, enfatizó sobre la necesidad de advertir los riesgos que se presentan al Estado por las condenas de tribunales internacionales frente a los cuales no se cuenta con una adecuada defensa litigiosa, al tiempo que llamó la atención de la recién creada Agencia Nacional de Defensa Judicial sobre la variada y cuantiosa conflictividad internacional que contra el Estado se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los que surjan con ocasión de la implementación de los tratados bilaterales de inversión y de libre comercio.
“La celebración de esa clase de acuerdos sin duda traerá beneficios para el país en materia de desarrollo económico y aumento del empleo pero debe generar una alerta temprana en lo relacionado con los arbitrajes de inversionistas que de este tipo de convenios se derivan”, aseguró el procurador.
“Debemos aprender de las experiencias negativas de otras naciones que por no haber asumido esta conflictividad con la debida precaución posteriormente han resultado condenadas en sumas tan significantes que les ha llevado a la cesación de pagos”, insistió.
Finalmente dijo que se debe fortalecer en las entidades públicas el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, entre ellos la conciliación, que se convierte en un mecanismo para la descongestión judicial, la desjudicialización de los conflictos y la reducción de erogaciones patrimoniales a cargo del Estado.
Destacó que la Procuraduría General de la Nación tiene un particular interés en crear una cultura de la conciliación que supere la cultura del litigio en nuestro país a fin de fomentar razonables y seguros acuerdos entre las distintas entidades que conforman la administración pública y quienes han procedido a demandarlas porque consideran que les han sido desconocidos sus derechos.
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