La Corte Suprema de Justicia se ha negado a elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, dejando un mal sabor de boca, probando que su posición no se ajusta al derecho y que es una abierta oposición política al Gobierno Uribe.
Dos meses después de finalizado el periodo de Mario Iguarán, la Fiscalía sigue en manos de un encargado pues los honorables miembros de la Corte se niegan, por una razón que no se ajusta a la norma constitucional y legal.
Los Magistrados, que deberían ser los primeros en cumplir la normatividad, en acoger y defender la Constitución. Sin embargo parecen interesados en “torcerle el cuello” a la Ley, actuando como simples tinterillos y leguleyos.
Las ramas del poder público en Colombia habían mantenido el balance y se pensaba que mientras Ejecutivo y Legislativo eran focos de corrupción, la rama Judicial se mantenía alejada de esa podredumbre. Sin embargo las chuzadas y las posteriores actuaciones de la justicia hacen que Colombia dude profundamente de sus jueces.
Al Gobierno de Álvaro Uribe se le han endilgado muchas actuaciones “non sanctas” y se le acusa de haber hecho “todo lo posible” por sacar adelante la reelección. Pero en lugar de y probar y juzgar en derecho, las Cortes sólo le buscan “el punto débil al Gobierno” para hacerlo tambalear.
El Presidente ha insistido en que la terna cumple los requisitos, es idónea y que no la cambia, mientas la Corte Suprema desoye el llamado y omite su obligación constitucional de elegir Fiscal.
Si la alta corte no hace caso de la Carta Política que rige al país, no se puede esperar nada bueno de una justicia politizada y precaria.
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