El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, ordenó registrar las instalaciones del DAS, concretamente las salas internas y externas donde funcionan los equipos de interceptación, luego de conocerse las denuncias sobre grabaciones ilegales de comunicaciones hechas por medios de comunicación.
Aseveró que la clase de personas a las que se les interceptaron las llamadas indica que hay un cartel o un grupo delincuencial al margen de la ley muy fuerte. “Como Presidente del Consejo de Policía Judicial, ordené una revisión de los sistemas y controles de interceptación. Y si es necesario, por la gravedad de estos hechos, se podría disponer la suspensión de la operación de las salas de interceptación del DAS”, señaló.
Iguarán Arana anunció que designó a dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y a 10 investigadores del CTI para adelantar las averiguaciones respectivas. Así mismo, señaló que las diligencias judiciales ordenadas tienen como propósito asegurar los elementos materiales probatorios dentro del proceso.
También informó que se ordenaron entrevistas a funcionarios de las áreas de Inteligencia y Contrainteligencia e inspecciones a los protocolos y a los libros de registros, con el fin de establecer posibles responsabilidades penales por una supuesta comisión de delitos como falsedad, violación a la intimidad y violación de comunicaciones.
El Fiscal General aclaró que “el punto principal no es el DAS porque es una institución que necesitamos para la seguridad del Estado”.
Respecto a los responsables de estos hechos, Iguarán Arana anunció que a esas personas “se le ofrecerán todos los beneficios si colaboran para obtener el propósito principal de esta investigación, que es saber quién ordena las interceptaciones y quién está utilizando esta información”.
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