Ante la inobservancia de las múltiples observaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación al Gobierno sobre el proceso de implementación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), la Procuraduría ordenó investigar disciplinariamente a los funcionarios responsables de tales omisiones.
Para ello remitió copia de los diferentes documentos e instructivos, los cuales advierten sobre riesgos administrativos, operativos y de atención ciudadana, que en su momento fueron dirigidos al Ministerio de la Protección Social, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República, con el objeto evitar la violación de los derechos de los afiliados al sistema Integral de Seguridad Social.
Pese a que hoy se conoció que el Gobierno acogió las recomendaciones de la Procuraduría consignadas en el instructivo nro. 29 enviado el día de ayer por la Delegada Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, y adoptó mecanismos de divulgación y ampliación del plazo para cancelar las obligaciones en materia de seguridad social, es claro que la reciente crisis es producto de la desatención de las advertencias hechas oportunamente por el ministerio público.
En una labor de acompañamiento que se inició hace poco más de un año, la Procuraduría ha formulado múltiples observaciones al proceso de implementación de la PILA, las cuales, tras no ser atendidas, han sido reiteradas en diferentes oportunidades.
PILA
Desde el pasado 7 de julio, los usuarios del Sistema de Seguridad Social, se han acercado a efectuar sus pagos, pero por causas ajenas a su voluntad, no han logrado cancelar sus aportes.
Es notoria la desinformación y la falta de orientación de los usuarios del sistema, al igual que el desbordamiento de la capacidad instalada ante el volumen de la última etapa de implementación del nuevo sistema de autoliquidación, como en su momento lo advirtió la Procuraduría.
Con esta intervención el ministerio público busca «evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados al Sistema de Seguridad Social así como de sus familias, ante la imposibilidad de poder pagar sus aportes o incluso verse afectados por la demora en la entrega de la información.
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