Proponer que mediante referendo se autorice la repetición de las últimas elecciones presidenciales constituye monumental error político y jurídico que compromete el tercer periodo de Alvaro Uribe, o, por el contrario, jugada maestra, de corte florentino, que le abre las puertas a su segunda reelección.
Históricamente la reelección en Colombia ha dado lugar a graves crisis políticas institucionales, empezando por la del Libertador Bolívar. En esta ocasión, seguramente sin proponérselo, el Gobierno hace suyos los alegatos de sus más duros contradictores sobre la ilegitimidad de la elección presidencial del 2006 cuando pide que se repita. Se equivoca, igualmente, cuando decide politizar tema que es de carácter judicial.
Lo hace cuando pide que sea el Congreso, mediante ley que convoque un referendo, quien finalmente decida, en la práctica, si hubo cohecho o no, quiénes pudieron cometerlo, si la Corte Constitucional revisa sentencia que dictó sobre el acto legislativo que autorizó la reelección, y si se decreta la nulidad o deja sin valor la elección citada, asunto que según la normatividad vigente debe resolver el Consejo de Estado.
Politiza los asuntos citados porque si el referendo se aprueba no faltarán quienes interpreten sus resultados diciendo que tienen valor de referendo judicial que subsana las faltas o irregularidades que se hayan podido cometer. No faltarán tampoco quienes acusen al Gobierno de estar obstruyendo la administración de justicia, porque creó instancia paralela e interfirió el trámite de los asuntos que a aquélla competen.
La propuesta del Gobierno crea tantas inquietudes e interrogantes que para absolver apenas uno de ellos debe recordarse que el Congreso puede reformarla o adicionarla. Puede, por ejemplo, disponer que así como autoriza repetir la elección presidencial para despejar cualquier duda sobre su legitimidad, también puede prever que se realice nuevamente la de senadores y representantes, cuya ilegitimidad hace parte del momento político. Como la validez de la elección de algunos gobernadores y representantes está en tela de juicio, ellos también podrán pedir idéntico tratamiento.
El análisis de los escenarios posibles exige tener en cuenta que, en el mejor de los casos, las elecciones de que hablamos tendrían lugar a mediados del año entrante (la discusión y aprobación de la ley toma meses, el texto que se apruebe lo debe revisar la Corte constitucional, la Registraduría pedirá tiempo para preparar la votación del referendo y, luego, en otra votación, se repetiría la elección o elecciones de que se trate).
En ese momento, a mediados o segundo semestre del 2009, faltarían pocos meses para las elecciones regulares del 2010. Las reflexiones que entonces surjan son obvias: ¿tiene sentido que en tan corto tiempo hagamos dos elecciones, unas para el añito que falta del periodo en curso, y otras para el nuevo periodo de 4 años? ¿Se justifican el desgaste político de los candidatos, el cansancio ciudadano y los cuantiosos recursos presupuestales que demandan esos dos debates? ¿No sería mejor hacer una sola votación para 5 años que legitime todo lo anterior y defina el futuro político de los próximos 4 años? La respuesta es obvia.
El Congreso, el Gobierno, los partidos y la opinión mayoritaria optarán por la elección única. Así, por la puerta de atrás, sin debate mayor, llegará la reelección. Por eso el choque de poderes que provoca el Gobierno puede constituir jugada maestra para sus intereses políticos.
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