Decir “no al trabajo infantil” no es suficiente. Colombia debe generar políticas serias para que los niños no sean explotados económicamente.
Esta semana Boyacá recibió la cumbre de gobernadores en la que se analizó la situación de la niñez y la juventud en nuestro país. Conclusión: este país no es capaz de atender a las necesidades de la infancia.
Sobre el tema se pueden hacer miles de foros, pero ese no es un avance en la solución de los problemas de marginación, pobreza, desnutrición, falta de afecto y explotación que viven miles de menores en Colombia.
Sogamoso y Boyacá no son ajenos a esta situación. De acuerdo con las cifras entregadas por la directora del ICBF, Elvira Forero, solamente en las minas del occidente de nuestro departamento trabajan cerca de 12 mil niños.
La misma funcionaria hablo de programas de educación y uso del tiempo libre. Sin embargo, si los niños trabajan es por que sus padres necesitan de su mano de obra. Así que si se quiere erradicar este problema e impedir que los niños dejen la escuela por el trabajo, es preciso entonces mejorar las condiciones socioeconómicas de los padres.
Que los políticos y expertos hablen y analicen sirve de poco mientras en municipios como Maripí, Muzo, San Pablo de Borbur, Tasco, Socha, Samacá, Sogamoso, Paipa, Corrales, Tópaga y Gámeza haya familias cuyo único sustento se encuentre en los socavones de las minas.
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