EDITORIAL | Carimagua: símbolo ideológico del Gobierno

Excelsio cede su espacio editorial de esta edición al análisis del senador Juan Fernando Cristo sobre el caso Carimagua.

Por Juan Fernando Cristo | Si alguna decisión de este gobierno retrata de manera perfecta su orientación política, filosófica e ideológica, es la que adoptó el Ministro de Agricultura, con el respaldo del propio jefe de estado, de quitar a los desplazados de la violencia un predio de 17.000 hectáreas que ya tenían asignado de acuerdo a la ley, para regalarlo a unos empresarios de la palma.

Hace unos días el vicepresidente del Senado había expresado con claridad que el partido conservador acompañaría una nueva reelección de Uribe porque “no había nadie más conservador que el Presidente de la República ”. Pues bien, se quedó corto el ilustre dirigente azul porque estas acciones del gobierno, más allá de sus implicaciones éticas y morales, demuestran con claridad la orientación de ultraderecha, reaccionaria y feudal que tiene en su conjunto.

No entiende uno como las tierras que son buenas para los ricos empresarios del agro y los terratenientes, son malas para los campesinos desplazados por la violencia. Tampoco hay explicación al hecho de que asistamos a una nueva figura en el desarrollo agrícola de la nación y es la de entregar en concesión unas tierras del estado, más precisamente una granja agrícola, incluso con los trabajadores incluidos según decisión oficial.

Peor aún, esta no es una nueva figura, sino más bien parece la reedición de una muy antigua, de la época de la colonia, que fue la Encomienda , mediante la cual la corona española entregaba a particulares la explotación de una tierra con todo y esclavos. No se ha explicado cual era el valor que se iba a cobrar por el uso de la tierra y con qué criterios se había definido el mismo.

Ni siquiera nos informaron las razones por las que el gobierno nacional, que tantos recursos tiene ahora para la inversión en el agro, no podía invertir algunos en la adecuación de tierras para los desplazados. En fin, son demasiadas las dudas que flotan en el aire ante esta operación de despojo que afortunadamente se frenó a tiempo, gracias a la oportuna denuncia de El Tiempo y la acción rápida y contundente de la Procuraduría General de la Nación.

Pero además de la inconveniencia de esta decisión y su profundo sabor feudal, neoliberal y reaccionario, también surgen dudas de carácter ético que alguien debe absolver desde el gobierno. Resulta inaudito que entre los empresarios que se pretenden quedar con las tierras de los desplazados, se encuentre el delegado presidencial en la junta de Acción Social, que es precisamente la entidad responsable legalmente de proteger a los desplazados.

Que dirá de esto la Corte Constitucional que tanto ha insistido en los últimos años en la defensa de sus derechos?. Y más grave aún que la misma persona, por una desafortunada coincidencia, sea pariente cercano del Ministro de Hacienda, además de financiador de la campaña electoral del Presidente Uribe.

Preocupa enormemente que el Ministro de Agricultura, como se ha demostrado en los anteriores escándalos del despojo de tierras a las comunidades afrocolombianas del Chocó, los prestamos de FINAGRO a narcotraficantes en el Caquetá, los episodios bochornosos de Incoder, se ha convertido en la punta de lanza de los sectores poderosos de este país para producir una mayor concentración de la tierra y la riqueza agropecuaria, en detrimento de los campesinos. Sin duda todos los subsidios y beneficios son para los grandes e influyentes amigos del gobierno y no hay políticas de fomento para los pequeños y medianos propietarios.

Lamentablemente, en estos últimos días los episodios de Fiduagrario, Almagrario, Dirección de Estupefacientes, Carimagua, la venta de las electrificadoras, el Túnel de La Línea , dejan un tufillo de favorecimiento y corrupción que los entes de control deben despejar para identificar y sancionar a sus responsables.

Estos escándalos nos demuestran que la prolongación indefinida y abusiva del mismo círculo en el poder genera concentración, abusos y atropellos de quienes se sienten ya con el derecho divino de hacer lo que se les antoje, privilegiando el interés particular sobre el general.

Así ha sucedido en todos los países con reelección y Colombia no es la excepción.

Y pensar que ahora se quieren quedar eternamente!

Juanfernando86@hotmail.com

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