El pasado jueves 21 de febrero el Representante a la Cámara por Boyacá Juan Carlos Granados interpuso una acción popular contra el Inco y el consorcio Solarte Ingenieros, concesionario de la vía.
De acuerdo con la acción popular tanto el Inco como el concesionario “están violando los derechos colectivos contenidos en la ley 472 del 98, en especial, los derechos a la seguridad y prevención de desastres que son previsibles técnicamente; a la seguridad y salubridad públicas; acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna".
Según el congresista no se está prestando atención a la seguridad en la vía lo cual ha redundado en un aumento de la accidentalidad, que en 2008 ya registra 100 accidentes y en 2006 fueron 600.
Afirma el congresista que “existen diferencias de nivel en la altura de calzadas sin justificación técnica, así como la eliminación de zonas de seguridad ó bermas en la mayoría de los tramos de la vía”.
Por su parte el Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, en su visita al departamento aseguró que "existen algunos problemas pero se les están dando soluciones".
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