Luego de una semana en que el presidente de la Republica, Álvaro Uribe, expusiera las razones de Estado por las que liberó a Rodrigo Granda, el mal llamado canciller de las Farc, el país pasó de un momento de esperanzadora expectativa a uno de desilusión.
Cuando el señor Granda se encontró bien acomodado, disfrutando el alojamiento y comida de los obispos, salió con la estúpida frase de que él es un “secuestrado del gobierno”, destruyendo ilusiones de liberación con la aseveración de que los familiares no deben hacerse ninguna esperanza.
El secretariado de las Farc, por su parte, calificó la liberación de Granda como un gesto que “busca ocultar su verdadera intención de impedir que las autoridades judiciales avancen en sus investigaciones a congresistas, militares, personalidades y contra su Gobierno, por evidentes nexos con la narco-para-política”.
Además desconoció a los guerrilleros liberados por el gobierno nacional, a los que denominó “desertores”.
En conclusión nada se avanzó esta semana y el tema relevante de la liberación de secuestrados se perdió entre las proclamas demagógicas de la guerrilla, las declaraciones “cretinas” del señor Granda y el lobby de Uribe en Estados Unidos.
Colombia entera, uribista o anti-uribista, debe comprometerse con este avance del gobierno nacional y exigir a las Farc la liberación de cada colombiano que se encuentre en cautiverio.
El pueblo colombiano no debe permitir que el autodenominado “ejército del pueblo” siga haciendo de las suyas, reclutando campesinos, paralizando universidades, secuestrando civiles y destruyendo nuestros recursos naturales, a la vez que se lucran con el dinero del narcotráfico.
Se debe exigir un intercambio humanitario sin despeje de municipios. Que se haga de manera unilateral o la veeduría de la comunidad internacional y la Cruz Roja.
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