A partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención de varios políticos presuntamente vinculados con grupos paramilitares, queda en espera el país, de que por fin se depure el Congreso de la República.
La solicitud de arresto de los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano, y el representante a la Cámara Erick Julio Morris, valida la tesis que circulaba por el país de que las AUC controlan el 70% del Congreso colombiano.
El nuestro ha sido un país que nunca ha creído en sus congresistas, el pueblo raso los considera tramposos, mentirosos y corruptos. Pero ahora, de llegarse a demostrar sus vínculos con asesinatos hechos por las AUC, serán también llamados asesinos.
Es preocupante esta falta de credibilidad en aquellos encargados de legislar. Cómo podemos creer que las leyes, como la de "Justicia, Paz y Reparación", no hayan sido estudiosamente diseñadas para ocultar crímenes.
Si el pueblo colombiano tuviera algo de dignidad tendría que exigir el cierre inmediato de este congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, no sin antes hacer una depuración de aquellos sobre los que cae una mínima sospecha de corrupción y vínculos paramilitares.
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