Las auditorías serán adelantadas por la Gerencia Departamental de Boyacá, en cumplimiento del Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal programado para el primer semestre de 2016.
Serán objeto de auditoría la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC, Corpoboyacá, Corpochivor, la Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura –Seccional Boyacá y, como puntos de control, la Fiscalía General de la Nación y el Banco Agrario.
En la realización de estas auditorías se evaluara la gestión administrativa y fiscal de las entidades mencionadas, para lo cual se revisaran más de 547 contratos por un valor superior de $121.184.529 millones de pesos.
Se destacan de manera especial las auditorías en el tema de medio ambiente a las dos Corporaciones Autónomas Regionales (Corpoboyacá y Corpochivor), dadas las condiciones climáticas que afectan actualmente a nuestro país y que se han visto reflejadas en sequías, incendios forestales, desaparición de cuencas hidrográficas y altos precios de los alimentos.
En desarrollo de las auditorías a Corpoboyacá y Corpochivor, además de evaluar su gestión administrativa y financiera, se revisarán aspectos como balances hídricos, concesiones de aguas y proyectos hidroeléctricos inferiores a 10 GV.
Igualmente, ingresos por tasa retributiva y sobretasa ambiental, transferencias al sector eléctrico y tasa por uso del agua.
Auditoría a la UPTC
A través de la Gerencia Departamental, la Contraloría General de la República, realiza también auditoría a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC, el centro de estudios superiores más importante del departamento no solo por el hecho de ser ente público y por su calidad académica, sino porque recoge a más de 30 mil estudiantes.
En esta auditoría se revisaran aspectos como fenecimiento de la cuenta y cumplimiento de las metas propuestas en los Objetivos del Milenio y en los planes estratégicos y de acción; programas y proyectos de la entidad y su coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo.
En todas las auditorías programadas se evaluará la gestión de defensa judicial de las entidades, siguiendo los lineamientos dados por el Contralor de la República, Edgardo Maya Villazón, y la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.
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