No sólo no le dijeron no a la cuestionada reforma política, sino que sus costumbres electorales dejan tanto que desear que ahora los llevan a los tribunales.
Nos referimos a la investigación abierta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Plinio Olano y el representante Luis Guillermo Barrera.
A los dos políticos se les investiga por su presunta participación en el ofrecimiento de baterías sanitarias, en el municipio de Sutamarchán, a cambio de votos. En este caso la Procuraduría ya destituyó y sancionó al ex alcalde involucrado en la “compra de votos”.
No es novedad en Boyacá que los politiqueros ofrezcan el “oro y el moro” con tal de conseguir votos, es su costumbre tradicional. Lo novedoso de este caso es que se haya comprobado que un alcalde en ejercicio lo haya hecho.
Será labor de la justicia determinar si hay responsabilidad de los congresistas en el caso y si se demuestra que incurrieron en el hecho, deberían ser castigados con todo el rigor de la Ley.
Sean o no culpables de lo que se les acusa, es intolerable que sigan usando a los necesitados campesinos boyacenses para cumplir sus propósitos personales. Poner baterías sanitarias en los hogares rurales es un tema de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, de las que tanto hablan los politiqueros, pero que poco se hace por suplir.
Es posible que estos señores salgan “limpios” de este proceso y aspiren a seguir utilizando a los boyacenses para reelegirse. Pero la sola sombra de duda de sus actuaciones electorales ya es suficiente motivo para no volver a votar por personajes como estos.
Es una vergüenza que Boyacá siga en manos de políticos cuestionados.
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