La Contraloría General de Boyacá, en un falló histórico, le dio el visto bueno, a la urgencia manifiesta que el alcalde Miguel Ángel García Pérez declaró al principio de su gobierno.
La medida tenía como objetivo poder contratar varios servicios indispensables para garantizar varios derechos fundamentales a los niños sogamoseños, además de permitir el buen cuidado de los bienes y enseres del Municipio, debido a que en ese momento no contaba con la aprobación del Concejo Municipal para contratar, y no existía otro mecanismo jurídico con el cual garantizar la seguridad en los establecimientos educativos, así como el transporte escolar de los miles de jóvenes.
Estas urgencias generaron en su momento toda una tormenta política, debido a las demandas que el antiguo Personero interpuso ante los entes de control. Sin embargo, con el concepto que dio la Contraloría en las resoluciones 134 y 133 del 30 de marzo de 2012, se le dio razón a las motivaciones que llevaron al Alcalde a declarar la Urgencia.
Se estableció que el Mandatario obró de acuerdo a las disposiciones de la ley.
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