Con el propósito de amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el acceso a la justicia, la Procuraduría General de la Nación interpuso ocho acciones de tutela contra el Incoder.
Las acciones buscan que el Incoder no archive de las solicitudes interpuestas por los campesinos de centro poblado Morcote del municipio de Paya (Boyacá), quienes aspiraban a la adjudicación de tierras dentro de un proceso adelantado por este Instituto.
A través de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, se logró que en todas ellas se reconocieran y tutelaran los derechos de la población campesina afectada, fallos que en segunda instancia fueron confirmados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante Acta 059 del pasado 12 de julio.
Antecedentes
En desarrollo del proceso Administrativo Agrario de Adjudicación de Tierras Baldías realizado por el Incoder Boyacá, se remitieron a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá los expedientes que resolvían la solicitud de los campesinos del centro poblado Morcote del municipio de Paya (Boyacá), para la notificación del acto administrativo mediante el cual se denegó la adjudicación y se ordenó el archivo de la actuación.
Al estudiar estos expedientes, la Procuraduría evidenció que no se cumplía con el requisito de publicidad de la solicitud de adjudicación, vulnerando el principio constitucional del debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Adicionalmente se estableció que los expedientes no contenían debidamente diligenciados y notificados los documentos que soportan cada una de las etapas del proceso administrativo de adjudicación de baldíos, ante lo cual Procuraduría consideró que era necesario solicitarle al Incoder la unificación de criterios frente a este tipo de actuaciones.
Con el fin de defender el acceso a la propiedad de la tierra con criterios de eficiencia, eficacia y utilidad, y con el propósito de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina vulnerable, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá interpuso ante el Incoder 16 recursos de reposición, de los cuales la entidad resolvió ocho a favor, negando los restantes. Ante esta desigualdad de criterio se acudió vía tutela ante los juzgados civiles municipales del Circuito de Tunja, con ocho acciones de tutela para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y de las garantías fundamentales de los campesinos de la región.
Los fallos de tutela conminaron al Incoder para que nunca más vuelva a desatender en la práctica los derechos de los peticionarios en trámites de adjudicación de tierras ni de ningún otro trámite, y para que en el desarrollo de la función pública se someta al cumplimiento riguroso de la Constitución, la ley y el reglamento, en reconocimiento del orden jurídico y legal justo que debe regir en todo Estado social de derecho y al que deben sometimiento todas las personas y autoridades sin distinción alguna.
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