En una economía de mercado resulta intolerable que un gremio, sea el que sea, paralice al país en defensa de sus propios intereses.
Algunos grupos de camioneros, desde hace 13 días, han suspendido la prestación de servicios en busca de que se mantenga una tabla de fletes, que les garantice ingresos mínimos por la prestación de sus servicios.
Es inaceptable. No hay ningún negocio al que el Estado esté en la obligación de mantener. Si el negocio no es rentable deben abandonarlo y no paralizar y hacerle daño a la economía del país.
Si no son capaces de competir y ajustarse a los precios que da la demanda del mercado, entonces deben cambiar de negocio.
Los boyacenses y colombianos no tenemos por que pagar el costo de la protesta de un grupo de transportadores que se sienten incapaces de competir.
Los que hoy protestan y alegan el derecho al trabajo, violan con sus métodos los derechos a la movilidad y al trabajo de cientos de miles de personas.
El derecho de un grupúsculo no tiene por qué estar por encima del derecho de la mayoría.
Esperamos que esta vez el Gobierno no ceda al chantaje.
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