La Procuraduría General de la Nación formuló observaciones al proceso de venta y privatización de las acciones que la Nación posee en las empresas de energía de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Meta y Cundinamarca.
La Procuraduría busca que se incluya en el proceso de compraventa los aumentos en el cargo de distribución de energía proyectado en los modelos de valoración para el periodo tarifario 2008-2013.
Mediante una comunicación enviada el pasado viernes al Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, el ministerio público consideró que si se concluye el proceso de expedición del nuevo marco regulatorio por parte de la CREG, permitiría a los proponentes calcular los costos que a futuro generará el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica.
Incluso, el conocer los ajustes que indicará la CREG respecto a los aumentos en el cargo de distribución de energía, permitiría obtener un mejor precio de venta, «dado que, como lo reconoce el gobierno nacional en los Decretos recientemente expedidos, dicho ajuste normativo puede afectar de manera positiva la valoración e incidir obviamente en el precio mínimo de venta», puntualizó la Procuraduría.
Finalmente, el misterio público se refirió a las acciones populares que cursan actualmente, pues “esto puede incidir en la configuración de las ofertas, el proceso de evaluación y por ende la posibilidad de que existiendo un número mayor de ofertas pueda obtenerse un mejor precio para la adjudicación, dada la metodología de selección establecida”, pues como lo informó el Ministerio del ramo al ente de control “al ofrecer por paquetes de empresas se capturan sinergias que redundan en mayor valor”.
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