Resulta francamente ofensivo que sea el Defensor del Pueblo, el funcionario encargado de hacer respetar los derechos de la población, quien salga con la estupidez de coartar la libertad de expresión en redes sociales.
Jorge Armando Otálora Gómez, que debe ser otro de esos funcionarios en el bolsillo del actual Gobierno, consideró que “no se puede confundir el derecho a la opinión con afirmaciones que expongan a ciudadanos como las víctimas del conflicto”.
Con el cuentico de la doble victimización están disfrazando una censura, con la que todo aquel que se oponga al proceso de paz será objeto de persecución judicial.
"Fijar límites al uso de las redes sociales para proteger los derechos de los ciudadanos", es decir, el Defensor pide violar un derecho para proteger otros, ¿Cuáles señor Otálora?
Mientras los criminales de lesa humanidad, los terroristas y asesinos se burlan de las víctimas y piden un taimado perdón, eso sí, a escondidas de los medios y no en plenaria, sino en un rinconcito donde nos los oiga.
Esa falta de respeto a las víctimas le parece bien a Otálora, pero que se critique el proceso y sus confusos métodos, parece que va a darle cárcel a los opinadores de este país.
Este Gobierno sigue arrodillado al proceso, pagando con inmensas cantidades de mermelada los “favorcitos” que les hicieron en campaña y dirigiendo al país hacia un régimen totalitario parecido a la Venezuela con la que sueñan las Farc.
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