El caso fue dado a conocer por el periódico El Espectador en una artículo titulado “Un genio al borde del colapso por $400 millones”, en donde se le expone como una víctima de la burocracia. Sin embargo para la Universidad Carlosama López dejó vencer los plazos contractuales.
Según el diarios, el Ingeniero sufre una grave crisis económica, que lo ha llevado a un colapso emocional. Por ello presentó una tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la educación y al debido proceso. Dicha tutela fue fallada negativamente por El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado. Ahora está pendiente una solicitud de revisión ante la Corte Constitucional.
La Universidad por su parte acude al reglamento y a la letra pequeña del contrato con el educador. Los siguientes son las aclaraciones hechas por la Universidad sobre este caso:
"- La Universidad tiene reglamentadas las comisiones de estudio remuneradas para los docentes de planta, normatividad que se aplica a los más de treinta profesores que continuamente están cursando sus estudios doctorales en prestigiosas universidades de Colombia y el exterior.
- Por ser la Universidad una institución pública, se somete a los controles que el Estado Colombiano tiene previsto para el buen uso de los dineros públicos.
- Las directivas de la Universidad tienen el deber de hacer respetar las normas externas e internas, lo cual incluye el cumplimiento del contrato firmado por los docentes cuando salen a comisión de estudio remunerada, quienes tienen dentro de sus obligaciones retornar a la universidad en el tiempo autorizado y, luego, hasta en un máximo de 24 meses de su reintegro, presentar el título objeto de la comisión.
- Cuando un docente está haciendo uso de una comisión de estudio, continúa recibiendo todos sus salarios y prestaciones sociales, de tal manera que cada comisión de estudios para doctorado le cuesta a la Universidad cerca de 500 millones de pesos, los cuales se deben retornar a la Universidad si el comisionado no cumple con las obligaciones pactadas, entre las que se encuentran el reintegro a sus funciones y la entrega del título, en el tiempo establecido.
- Las comisiones de estudio remuneradas para doctorado tienen un plazo máximo de 4 años, y seis meses más, cuando los estudios se realizan en una lengua distinta al español; con la opción de tomar un año adicional en comisión no remunerada. Al culminar este lapso los docentes deben reintegrarse y a partir de ese momento cuentan con 24 meses para entregar el título objeto de comisión. Es importante resaltar que la gran mayoría de comisionados han cumplido estas condiciones satisfactoriamente.
- El ingeniero Heyder Carlosama López, agotó todos los plazos que la Universidad puede conceder, es decir 4 años y medio de comisión remunerada, más un año de comisión no remunerada, y una vez agotado este plazo, no se reintegró a sus actividades como docente en la Institución, pese a que la Universidad lo requirió en el mes de octubre de 2014, cuando debía reintegrarse.
- El vicerrector académico, Celso Antonio Vargas Gómez, aseguró que las comisiones de estudio están debidamente reglamentadas en la Universidad y por lo tanto, se tienen que cumplir para no afectar el derecho que tienen los demás docentes de disfrutar estas comisiones.
- La Universidad lamenta la situación del ingeniero Heyder Carlosama López, pero infortunadamente tiene que hacer cumplir los reglamentos y la normatividad establecida, la cual es de conocimiento de todos los docentes que disfrutan de una comisión, en el momento en el que firman el respectivo contrato y pagaré.
- Los entes de control, en especial la Contraloría General de la República, que audita constantemente a la Universidad, está pendiente de estas comisiones, las cuales debe hacer cumplir para no verse sometida a hallazgos de alcance disciplinario y fiscal.
- En razón a lo anterior, las directivas de la Universidad procedieron a dar aplicación a la normatividad interna y a exigir el cumplimiento de los compromisos firmados por él en el momento de iniciar la comisión de estudios remunerada, garantizándole el derecho fundamental al debido proceso".
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