El caso se remonta a 2007, cuando el sacerdote Luis Enrique Duque Valencia abusó de dos menores, de 7 y 9 años, en el municipio de Líbano, Tolima.
El violador fue condenado en 2008 y en 2011 el Tribunal de Ibagué sentenció a la diócesis del Líbano de forma solidaria a un pago de 50 salarios mínimos a cada niño y de 30 salarios mínimos a sus padres.
La diócesis apeló el fallo argumentando que los actos de sus sacerdotes no tienen dependencia con la iglesia católica.
Con ponencia del magistrado Ariel Salazar, la Corte encontró que la iglesia en corresponsable por las actuaciones del sacerdote y en consecuencia dejó en firme la condena proferida en 2011 por el Triibunal de Ibagué.
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