Inmediatamente se conocieron los hechos, funcionarios de la Procuraduría Regional de Boyacá realizaron una visita a las instalaciones afectadas y a los centros adoptados temporalmente para el albergue y protección de los menores de edad; se verificó la magnitud de los destrozos y las condiciones de reubicación transitoria.
El director del Centro Juvenil le manifestó a este organismo de control que ha elevado peticiones ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en su calidad de entidad contratante, y a las autoridades territoriales, solicitando el traslado definitivo para garantizar la seguridad y cumplimiento de las medidas impuestas a los menores de edad infractores.
La Procuraduría Regional de Boyacá estableció un plan de acción que incluye el seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos que le asisten a los entes territoriales y al ICBF respecto de la custodia y protección de los niños, niñas y adolescentes recluidos en el Centro Juvenil Amigoniano; la realización de un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad y la garantía de los derechos de esta población, y la formulación de recomendaciones a las entidades con competencias frente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento.
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