En comunicación dirigida el jueves 21 de julio al presidente de Central de Inversiones S.A., Jorge Eduardo Motta, la procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, María Eugenia Carreño Gómez, solicitó un pronunciamiento respecto de algunas quejas presentadas por los socios de Nueva IPS Boyacá S.A. sobre el proceso de venta de la Clínica Julio Sandoval Medina, que perteneciera a la liquidada ESE Policarpa Salavarrieta de Sogamoso.
Evaluadas las observaciones formuladas, en comunicado de la misma fecha, Central de Inversiones S.A., anunció su decisión de dar por terminada de forma anticipada la invitación pública a presentar ofertas por los inmuebles que corresponden a la Clínica Julio Sandoval Medina.
Con dicha actuación, la Procuraduría pretende salvaguardar el ordenamiento jurídico y los recursos públicos involucrados, que pudieran estar en riesgo como consecuencia de actuaciones adelantadas por distintas entidades estatales desde el año 2007, así como los posibles derechos que sobre dicho inmueble tendrían alrededor de 420 familias de los extrabajadores de la salud de dicha institución, que acudieron a endeudamiento para reunir los recursos exigidos para comprarla y no perder sus puestos de trabajo.
Según información allegada a la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el 27 de julio de 2007 el Gobierno Nacional ordenó la liquidación de la Empresa Social del Estado ESE Policarpa Salavarrieta, a la cual pertenecía la Clínica Julio Sandoval Medina. Ante la inminencia del cierre, los 400 trabajadores de la clínica constituyeron la sociedad Nueva IPS Boyacá S.A. con el objeto de adquirir el inmueble, el mobiliario y los equipos médicos para continuar con la prestación del servicio y mantener su fuente de trabajo.
La ESE Policarpa Salavarrieta en Liquidación abrió en octubre de 2007 proceso licitatorio para la compraventa de la Unidad Hospitalaria Clínica Julio Sandoval Medina por un valor de 7.875 millones de pesos y la sociedad conformada por los trabajadores presentó una oferta inicial que no fue aceptada; se modificó en su forma de pago y se acordó una cuota inicial de 1.565 millones de pesos.
Sin embargo, una vez aceptada la enajenación del inmueble, la ESE Policarpa Salavarrieta decidió modificar el valor del inmueble y la forma de pago del mismo, sustentando que el avalúo arrojaba un valor de 10.737 millones de pesos y solicitó consignar para el día 10 de enero de 2008 la suma de 2.555 millones.
La sociedad conformada por los trabajadores de la clínica, entre quienes se encuentran médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, y bacteriólogos, decidió aceptar lo impuesto y suscribir la promesa de compraventa del inmueble, además de un contrato de arrendamiento por el uso que le diera a la clínica durante todo el proceso de adquisición.
Los trabajadores hipotecaron y/o vendieron sus bienes a efectos de reunir los recursos que les exigieron como arras para la firma de la promesa de compraventa sobre la base de la atención por evento, de usuarios del Instituto de los Seguros Sociales, que habría garantizado el entonces ministro de protección social y el gerente del Instituto de Seguros Sociales (ISS) como un apoyo para concretar el proyecto de adquisición de la citada unidad hospitalaria por parte de los trabajadores. Dicha modalidad de contratación fue luego modificada por un contrato por capitación, situación que acarreó el empobrecimiento paulatino de la sociedad que enfrentaba el proceso de adquisición y el consecuente incumplimiento del acuerdo de pago.
El actual propietario del inmueble, Central de Inversiones S.A., lo sacó a venta mediante invitación pública.
La Procuraduría ha considerado que se debe proceder a una revisión integral del proceso, más teniendo en cuenta que está en riesgo el patrimonio de 400 familias de trabajadores de la salud del Departamento de Boyacá.
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