La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el actual gobernador de Boyacá, José Rozo Millán, y al Secretario de Minas y Energía, José Ignacio Montero Cruz, por presuntamente haber incurrido en falta disciplinaria al no contratar oportunamente la interventoría de un convenio.
Según el órgano de control, los mencionados funcionarios no contrararon oportunamente la interventoría que exigía el convenio de confinanciación suscrito por el departamento con una empresa de servicios públicos, en el año 2008.
De acuerdo con las pruebas recaudadas por la Procuraduría se habría presentado una demora considerable en la contratación de la interventoría técnica del convenio de cofinanciación cuyo objeto era entregar a título de aporte subsidio los recursos recibidos por el departamento de Boyacá del Fondo Nacional de Regalías para la ejecución del proyecto regional de gas natural.
Según el informe conocido por el Órgano de control, en el convenio estipuló como una de las obligaciones del departamento de Boyacá la de contratar la interventoría técnica del proyecto, sin embargo, las pruebas recaudadas indican que el convenio fue celebrado el 31 de diciembre de 2008 y sólo hasta el 24 de noviembre de 2009 se publicó la invitación para la contratación de la interventoría, sin considerar que un proyecto tan complejo, especializado y técnico como es el de gas regional, era indispensable contratar la interventoría en forma ágil y oportuna.
En consecuencia, al parecer, no se realizó el correspondiente seguimiento y control desde el inicio de la obra, a través de una interventoría técnica externa tal como lo contemplaba el mencionado convenio.
Se cuestiona además el retraso en la presentación de los estudios previos de conveniencia y necesidad requeridos para iniciar el proceso de contratación de la interventoría técnica del convenio celebrado por el departamento de Boyacá.
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