Para la Procuraduría antes de adjudicar el canal se deben “resolver de forma definitiva aspectos técnicos y económicos trascendentales para la formulación de los ofrecimientos por parte de los interesados”.
El pliego de condiciones, al decir de la procuraduría, debe asegurar la pluralidad de oferentes, no sólo para dar cumplimiento al principio de libre concurrencia, sino para asegurar la maximización de recursos para el Estado.
En consecuencia la Procuraduría recomienda o sugiere revocar el acto de apertura de la convocatoria, por vislumbrarse la posible vulneración del patrimonio público.
Esta recomendación no es de obligatorio cumplimiento para la Comisión Nacional de Televisión.
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