En Colombia nos hemos acostumbrado a ver cómo los delincuentes salen a la libertad tras ser liberados por jueces que, en su retorcido modo de interpretar la justicia, se amparan en una sucia excusa: “vencimiento de términos”.
Cuando las familias de los jóvenes asesinados por militares, en los mal llamados “falsos positivos” reclaman justicia, no están pidiendo una limosna sino exigiendo un derecho que los jueces y fiscales deben procurar que se les respete.
Sin embargo las “argucias jurídicas” de los defensores y la ineptitud de fiscales y jueces, parecen apuntar en sentido contrario.
Pero no toda la culpa puede recaer en los funcionarios. El sistema es ineficiente y perverso. Nuestro sistema de justicia permite que los delincuentes puedan pasearse orondos por las calles, mientras que muchos inocentes pagan altas penas por delitos de poca monta (recuerden el mensajero condenado a 4 años de prisión por tocarla las nalgas a una mujer).
Por supuesto, a la ineficiencia de la Justicia hay que sumarle que su cabeza (la Altas Cortes) anda protagonizando los chismes de la prensa rosa, en lugar de elegir un Fiscal que oriente las investigaciones judiciales del país.
Por supuesto también está la poca ética y la mínima moral de los abogados que litigan en Colombia, siempre dispuestos a hacer la trampa y a torcer la ley a cualquier costo.
Evidentemente entre una mala administración de justicia y cero justicia, es preferible quedarnos con lo que tenemos. Pero no conformarnos. Colombia debe propender por el mejoramiento, la profesionalización, la actualización y la aplicación de su sistema de Justicia. De lo contrario deberemos prepararnos para que crímenes como los “falsos positivos” sean juzgados fuera del país.
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