El Consejo de Estado, el mismo que hace dos semanas declaró nula la elección del alcalde de Sogamoso, se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción que involucra a algunos de sus funcionarios.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, funcionarios de la Sección Quinta del Consejo de Estado habrían incurrido en la “presunta conducta de concierto para delinquir en concurso con lavado de activos, fraude procesal, concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros”.
Las investigaciones, que están en manos de la Fiscalía, buscan determinar cuál es la verdad acerca de que funcionarios del Consejo de Estado habrían recibido dádivas a cambio de modificar la orientación de las sentencias proferidas.
Eso al menos es lo que se percibe al analizar los delitos en los que presuntamente habrían incurrido los funcionarios. El listado de delitos deja ver una asociación delictiva que recibía dinero no santo para manipular fraudulentamente los procesos.
Con un panorama como este no cabe duda que la Justicia ha venido perdiendo su majestad y credibilidad.
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Por fin
Finalmente, aunque con un ambiente enrarecido, salió el referendo del Congreso. Con una clara muestra de lo que es la politiquería en Colombia, el referendo que busca la segunda reelección del Presidente Uribe surtió un trámite amañado y sucio, que le resta mucha fuerza a una iniciativa ciudadana.
El manoseo que se dio a la iniciativa en el Congreso y los dardos envenenados de la “mañosa” oposición lo han comprometido en mucho.
Es probable que la iniciativa, firmada por más de cuatro millones de colombianos, no resista el análisis de constitucionalidad (menos con la justicia tan politizada) y que deje a los uribistas con los crespos hechos.
Si logra pasar, aún le faltaría sobrevivir a una lucha contra las ansias de poder de quienes como el ex presidente Gaviria aún tienen hambre de poder.
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