Los miembros de esta comisión, expresaron en su informe que la Sala de Casación Penal resolvió la situación jurídica del congresista al proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a libertad provisional.
“Pese a que en la providencia no se ordenó la suspensión del servidor público en el ejercicio de su cargo y como éste ostenta la investidura de Senador de la República, es necesario el pronunciamiento de esta Comisión conforme al artículo 277 de la Ley 5ª de 1992”, señaló el senador Luis Elmer Arenas Parra, presidente de la Comisión de Ética.
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