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¿Porqué los jueces, Fiscales y hasta la misma procuraduría se han parcializado con la corrupción en el municipio de Covarachia?

¿Cómo es posible que el señor Benito Quintero Pinto identificado con cédula de ciudadanía número 79.549.583 quien fungió como Alcalde Municipal para el periodo 2004-2007, haya sido protagonista de graves hechos de corrupción cuando fungió como alcalde en el periodo 2004-2007 y ahora valiéndose de múltiples artimañas incluso a costa de amenazas contra algunas comunidades y funcionarios como la Registradora Municipal para el día del certamen electoral del pasado 30 de Octubre, logro hacerle elegir nuevamente como Alcalde para el periodo 2012-2015?

La Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Boyacá, encontró múltiples irregularidades con alcance penal y disciplinario en la auditoria llevada a cabo en el municipio, aunado a que éste ciudadano también fue declarado fiscalmente responsable por la Contraloría General Gerencia Departamental de Boyacá y actualmente cursa en la misma Contraloría General Gerencia Departamental de Boyacá otro proceso de Responsabilidad Fiscal en su contra, radicado bajo el No. 1620 por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato de obra civil No. 001 de 2004.

Mírese como éste ciudadano a pesar de estar inhabilitado para inscribirse como candidato a la alcaldía de Covarachía para las elecciones del 30 de Octubre en virtud del artículo 95 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 por vínculo de consanguinidad con el hermano Rito Quintero Pinto quien funge como Inspector de Policía, situación que hicimos saber con anterioridad ante el Consejo Nacional Electoral y el mismo Partido Político Cambio Radical que lo avaló, se inscribió y utilizando múltiples artimañas hasta incurriendo en conductas punibles como trashumancia electoral, logró hacerse elegir incluso a costa de amenazas contra funcionarios como la Registradora y el Personero Municipal y al parecer con la anuencia del Comandante de la Estación de Policía de éste Municipio que en todo momento observamos parcializado con Benito Quintero Pinto, al tanto que hasta le nombró escolta personal sin agotar los procedimientos establecidos en la Ley para estos eventos, como son el estudio previo de nivel de riesgo y la verificación de denuncias ante las instancias judiciales correspondientes, ello se podrá corroborar con la declaración que ellos mismos rendirán ante las autoridades competentes en la oportunidad pertinente.

Ahora, es inadmisible que en plena vigencia del Estatuto Anticorrupción, la Juez Promiscuo del Circuito de Soatá, en el proceso penal radicado bajo el número 15753189001-2009-00079-00, seguido a Benito Quintero Pinto identificado con cédula de ciudadanía número 79.549.583, en Sentencia de privación de la libertad por 73 meses haya otorgado el beneficio de prisión domiciliaria para cumplir la condena, cuando el artículo 13 de la Ley 1474 de 2011 es muy claro al preceptuar lo siguiente: “ARTÍCULO 13. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN… Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional”. (Subraya fuera de texto). Por ello, clamamos justicia por considerar que no es justo que se haya otorgado este beneficio, que aunque respetamos no compartimos, como quiera éste funcionario desde diferentes ámbitos públicos en ejercicio de su cargo como alcalde municipal, abusó de sus posiciones, ya que al parecer se apropió de los recursos públicos utilizando prácticas corruptas como la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y por lo que fue condenado y aún así se hizo elegir para el periodo 2012-2015.

Así mismo, actualmente en la Fiscalía veinte seccional de Soatá Boyacá, cursa indagación número 157536103150200780025 en contra de Benito Quintero Pinto por el punible de peculado por apropiación sin tener ningún resultado a pesar de nuestra disposición para poner en conocimiento la ubicación de las propiedades y bienes que éste ciudadano adquirió a nombre de terceras personas con prejuicio a los recursos del Sistema General de Participaciones. Igualmente, actualmente cursa también indagación en la Fiscalía de Soatá en contra de Benito Quintero Pinto por el delito de Trashumancia Electoral, y a pesar de haber suministrado toda la información al respecto, la Fiscalía no avanza en la investigación desconociendo los motivos de vulneración al principio de celeridad.

Relacionamos algunos de los procesos penales y disciplinarios que actualmente cursan en contra de este corrupto, así:

Procesos penales.
Ley 600 de 2000
SUMARIO:                   102725
SINDICADO:               BENITO QUINTERO PINTO
DELITO:                       PECULADO POR APROPIACIÓN
DENUNCIANTE:         DE OFICIO
ETAPA ACTUAL:         INSTRUCCIÓN DE PRUEBAS

SUMARIO:                   109097
SINDICADO:               BENITO QUINTERO PINTO
DELITO:                       CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS
DENUNCIANTE:         CONTRALORIA  GENERAL DE BOYACA
ETAPA ACTUAL:         INSTRUCCIÓN DE PRUEBAS

SUMARIO:                   109098
IMPUTADO:                 BENITO QUINTERO PINTO
DELITO:                       CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS
DENUNCIANTE:         CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
ETAPA ACTUAL:          ETAPA PRELIMINAR DE PRUEBAS

LEY 906 DE 2004
NOTICIA CRIMINAL:  157536103150200780025
INDICIADO:                  BENITO QUINTERO PINTO
                                       LUIS SALAZAR
                                       HERNANDO SALAZAR GOMEZ
DELITO:                        PECULADO POR APROPIACION
DENUNCIANTE:          GEORGE ZABALETA
ESTADO ACTUAL:       ETAPA DE INDAGACIÓN

Procesos disciplinarios:
IUS (Numero radicación SIAF)  092-003239/2009
IUC (Número del Caso o Expediente) 092-003239/2009

IUS (Numero radicación SIAF) 2006
IUC (Número del Caso o Expediente) 341-149189/2006

IUS (Numero radicación SIAF) 2006
IUC (Número del Caso o Expediente) D-2010-317-258779

IUS (Numero radicación SIAF): 2009-403187
IUC (Número del Caso o Expediente): D-2010-42-214941

En cuanto a los procesos disciplinarios, queremos dejar en evidencia, la exorbitante negligencia y parcialización por parte de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, en el trámite del proceso IUS-092-3360-2009-IUC-D-403187 que mediante auto de fecha 22 de Junio de 2011 determinó la inexistencia del hecho atribuido al disciplinado Benito Quintero Pinto, no obstante, el quejoso apeló dicha decisión y fue el Procurador Regional de Boyacá quien le dio la razón y mediante auto de fecha 18 de Octubre de 2011 Decretó la nulidad de la actuación a partir del auto de Indagación Preliminar de fecha 30 de Noviembre de 2009, revocando la decisión de primera instancia y remitiendo nuevamente el expediente la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo para que continué el trámite correspondiente, aquí, es donde no queremos que el proceso continúe en manos de la Procuradora Provincial de Santa Rosa de Viterbo, ya que no nos genera confianza por la falta de diligencia, transparencia, imparcialidad, celeridad, eficiencia y eficacia en las actuaciones en cumplimiento de sus funciones encomendadas por la Constitución y la Ley y de los términos procesales, y por eso solicitamos con todo respeto a ustedes señores Periodistas sus buenos Oficios para requerir al señor Procurador General que es lo que está ocurriendo al igual que a los jueces y Fiscales de Santa Rosa de Viterbo y Soatá.

Otro caso que evidencia la parcialización y negligencia de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, fue el proceso 2010-317-258779 seguido a Benito Quintero Pinto, como quiera que el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública mediante decisión de fecha 12 de abril de 2011 decretó la prescripción de la acción disciplinaria, no obstante, en su decisión hizo entre otros los siguientes planteamientos: “efectivamente, este despacho en otra oportunidad cuestionó la falta de análisis probatorio para poder llegar a una decisión de cargos, lo cual fue entendido por el juzgador de instancia como la carencia de recursos probatorios a los cuales acudir para valorar los hechos materia de investigación…

Debemos advertir que efectivamente los hechos y las situaciones merecían por parte del juzgador de instancia un análisis juicios, detallado y pormenorizado de las documentales que han sido arrimadas al expediente. Dado que lo que se indicó por este despacho en la providencia del 16 de abril de 2010 era que se hiciera uso de la potestad disciplinaria dentro del marco constitucional y legal, analizando y cumpliendo con los requerimientos mínimos legales para el llamamiento disciplinario. Por lo que procede la revocatoria de la decisión de archivo con el propósito de que se evalúe integralmente la actuación
”. Con ello, queremos significar la parcialización y negligencia por parte de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo en el trámite del proceso.

Alirio Gutiérrez Prada
Ciudadano de Covarachia

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