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Más de 240 correos electrónicos probarían lavado de activos de directivos de empresa de giros y finanzas

La Fiscalía General de la Nación reveló más de 240 correos electrónicos y las declaraciones de peritos contables y financieros, que involucran a 5 directivos y contratistas de las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., en seis delitos de estafa y fraude financiero.

Ante el Juzgado 24 Penal de garantías de Bogotá, la fiscalía adscrita a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras relató cómo estas empresas certificaban ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), actividades aparentemente lícitas entre los años 2011 y 2015, fundamentadas en costos,  deducciones, pago de honorarios y servicios a importantes empresas en el exterior.

La Fiscalía advirtió que ante las autoridades financieras “mostraban apariencia de legalidad porque hacían constar que se hacían suscripciones de contratos de prestación de servicios, hacían giros por los intermediarios del mercado cambiario”.

Agregó que se presume que sacan dineros del país, evaden bases gravables y posteriormente esos dineros son reembolsados en el extranjero a nombre de terceros sin que se compruebe debidamente la prestación efectiva del servicio contratado.

La investigación se originó tras la denuncia hecha por la Dian, en la que aparece un listado reservado de empresas y personas naturales que estarían evadiendo sus responsabilidades y deberes con el Estado.

“En este caso se trata de un monto superior a los 4,5 millones de dólares de excedentes que ocasionaron que las empresas dejaran de recibir legalmente 415 millones de pesos.

El fiscal mencionó como presuntas involucradas las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., investigadas por supuestas maniobras engañosas desde el año 2011 a la fecha, mediante operaciones simuladas de “refacturación”.

“De esta manera quieren maquillar una serie de ilícitos que se estarían cometiendo en Colombia y en el exterior”, recalcó el fiscal.

Tras estos hallazgos, la Fiscalía llamó a entrevistas juramentadas a especialistas contables de la Dian, quienes afirmaron que es evidente que los representantes de las empresas en cuestión contrataron los servicios jurídicos y financieros de  compañías intermediarias para asegurar los fines perseguidos.

Según el fiscal, el material probatorio indica que las empresas intermediarias recomendaban a los directivos investigados la creación de empresas en el exterior con perfiles de sociedad “offshore” para facilitar el fraude fiscal y el envío de dinero a paraísos fiscales.

Estructurado el procedimiento, “giran un dinero pagando un servicio de asesorías a empresas ubicadas en el exterior, esa plata es devuelta a quien la paga mediante diferentes mecanismos, ya sea en una cuenta abierta en un paraíso fiscal o en una de Colombia”, sostuvo el fiscal del caso.

Resaltó que el propósito es el de disminuir las bases gravables como costos de deducción en el caso de la renta ordinaria y así pagar menores impuestos o para registrar pasivos inexistentes.

La investigación advierte que ideaban diferentes clases de estructuras financieras y como requisitos exigidos por las intermediarias en el exterior, recaudaban constancias de contadores, recibos de servicios públicos, extractos de cuentas bancarias, se documentaban con firmas de abogados y auditores para certificar buenas conductas financieras.

El fiscal mencionó en varias ocasiones a varias empresas involucradas en esta clase de operaciones como la cuestionada Mossack Fonseca & Co., bufete de abogados domiciliados en Panamá y con representación en muchos países del mundo, entre ellos Colombia.

Según el fiscal, Mossack Fonseca & Co., aparentemente se prestó para evadir las leyes tributarias colombianas y para el ocultamiento de transacciones de empresas de papeles en Panamá, más conocidas como las empresas de Panama Papers y otras más del exterior para cometer actos ilícitos.

“Pretendieron hacer valer millonarias facturas como gastos y costos incurridos durante varios años por el pago de servicios y asesorías”, agregó.

Los investigadores financieros indicaron a la Fiscalía en sus informes, que se trata de “una de las  formas prácticas y no tan comunes de retirar utilidades del país o de soportar gastos que posiblemente no se prestaron con el fin de disminuirse el pago de impuestos en Colombia”.

Por su parte, el delegado del ente investigador sostuvo al juez, que estas operaciones permiten  una retención en la fuente del 10 por ciento, lo que las hace atractivas a los contribuyentes. También se evita el pago de  impuestos de un 33 o  25 por ciento menos, dependiendo el año”.

La Dian, entretanto, hizo saber oportunamente a la Fiscalía que fueron hechos varios requerimientos a las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. para que explicaran estas presuntas irregularidades pero no nunca respondieron al llamado.

“Solo entregaron una información general pero los responsables de las operaciones no acudieron a las citaciones o entrevistas solicitadas, por lo que fue necesario remitir el expediente a la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes y a su división de fiscalización”, aseveró el fiscal.

Para avanzar en el proceso investigativo se hicieron varias visitas a las empresas señaladas entre ellas unas inspecciones judicial a Mossack Fonseca & Co., en la que fueron hallados registros contables, contratos, mensajes electrónicos Swift, facturas de las operaciones y correos electrónicos.

Asimismo, se observó que se hacían transacciones con países que no tienen convenio de intercambio de información financiera con Colombia, o a que pensar de tener buenas relaciones, pueden negarse a los requerimientos de las autoridades por cualquier motivo.

Con estos propósitos “se acredita en los correos electrónicos que la comisión cobrada era del 3% del valor de los servicios refacturados, en este caso por servicios de información y tecnología de Costa Rica y otras que aparecen en una lista y archivadas en medios electromagnéticos hasta el 2015”, afirmó.

Los procesados
La representante legal y presidente de las firmas  Efectivo Ltda., Luz Mary Guerrero  deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada por la cuantía, administración desleal, fraude procesal como determinadora, enriquecimiento ilícito de particulares lavado de activos y concierto para delinquir.

Asimismo la contadora de las dos empresas, Marta Inés Moreno, comparece por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

De otro lado, la representante legal suplente de Servientrega S.A., Sara Guavita,  por estafa agravada, falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.

A su turno, Jorge Humberto Sánchez Amado, quien se desempeña como revisor fiscal de Efectivo y Circulante S.A., deberá responder por administración desleal, estafa agravada por la cuantía, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad ideología en documento privado y concierto para delinquir.

También, el gerente de Mossack Fonseca, Juan Esteban Arellano, por falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Finalmente, la Fiscalía General solicitó al juez que profiera medida de aseguramiento en centro carcelario a los directivos de estas compañías, al considerar que se trata de delitos graves contra el sistema financiero y los colombianos, y por estar en riesgo el debido proceso por posible obstrucción a la justicia.

El juez definirá el próximo 20 de octubre si concede la medida tras el análisis que deberá hacer de los documentos aportados por el delegado del ente acusador.

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