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Imputan a empresarios por corrupción en la construcción de Reficar

Corrupción en la construcción de Reficar
Ante el Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, la Fiscalía General de la Nación, le imputó cargos relacionados con actos de corrupción a empresarios de la firma (CB&I) y de la Refinería de Cartagena (Reficar), por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de  la infraestructura de Reficar y que ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los $610.140 millones.

En consecuencia, deberán responder penalmente los señores Philip Kent Asherman, representante legal CB&I, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010.

A su turno, Massoud Deudehban, director de Proyectos y representante legal CB&I 2009, fue imputado por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.

De otro lado, fueron imputados el expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales y el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro,  por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía Anticorrupción le imputó al presidente de Reficar 2012- 2016, Reinoso Yáñez, los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, por los estados financieros entregados y formados en los años 2013 al 2015.

De la misma manera, el vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha, responderá penalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros

También, fue judicializado el revisor fiscal entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda, por incurrir presuntamente en un concurso de falsedades ideológicas en documento público y complicidad en peculado por apropiación a favor de terceros.

Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.

“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó el delegado de la Fiscalía General.

Resaltó que para la fecha de estas nuevas contrataciones, es decir julio de 2010, Reficar ya contaba con capital 100 % público con la salida de Glencore en el 2009.

“Todas estas personas beneficiaron a la firma CB&I liberándola de las obligaciones contraídas en un contrato suscrito en noviembre de 2007, es decir, en representación ilegal de los intereses de los empresarios Deudehban y Ashermanse”, sostuvo fiscal del caso.

Es decir, los señores Cabrales, Laverde Concha y Rosales Navarro, no verificaron el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato EPC de 2007, toda vez  que  no lo liquidaron como debió ser de acuerdo con la ley de contratación estatal, según evidencia la investigación.

Advirtió el delegado de la Fiscalía que el objeto era el de diseñar, proveer la ingeniería, fabricar, entregar un sitio, una planta, erigir los trabajos, lograr la terminación mecánica para adelantar las pruebas de cumplimiento y suministrar toda la mano de obra y la supervisión de la misma, entre otras actividades.

“Estas personas debían velar por la seguridad de la inversión y el capital público porque el desfalco superó los $610.000 millones en sobrecostos”, agregó.

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